Corrupción en la Justicia militar de Venezuela: varios magistrados cobraron sobornos para liberar a un comandante que se fugó del país

La investigación se desencadenó por el pago que permitió el beneficio de una medida humanitaria del teniente coronel Erick Fernando Peña Romero

Tribunales Militares sacudidos por destitución y detención de jueces castrenses
Tribunales Militares sacudidos por destitución y detención de jueces castrenses

Cuando al teniente coronel (Ej) Erick Fernando Peña Romero, uno de los siete comandantes del 2 de Marzo o Movimiento Transición a la Dignidad del Pueblo, le dieron medida cautelar por razones humanitarias, los que firmaron la medida no pensaron que tiempo después eso le costaría la cabeza a varios jueces, incluyendo la destitución del MG Edgar José Rojas Borges, presidente de la Corte Marcial y presidente del Circuito Judicial Penal Militar; la detención del juez militar, coronel Alfredo Enrique Solórzano Arias y amenace la destitución de por lo menos dos jueces militares más, entre esos Mickel Enrique Amezquita Pión.

El magistrado canciller de la Corte Marcial, Coronel Alfredo Enrique Solórzano Arias, en una charla en el TSJ
El magistrado canciller de la Corte Marcial, Coronel Alfredo Enrique Solórzano Arias, en una charla en el TSJ

Peña Romero, quien era administrador del Hospital Militar de Caracas, fue detenido el 2 de marzo 2018, junto con un grupo de comandantes cercanos a la revolución bolivariana; simultáneamente apresaron a los comandantes (Ej) Igbert José Marín Chaparro, Deibis Esteban Mota Marrero, Víctor Eduardo Soto Méndez, Juan Carlos Peña Palmentieri y Henry José Medina Gutiérrez, así como el Primer Teniente Geibert Ariza Apolinar y el Sargento Supervisor Julio César Gutiérrez.

Tcnel Peña Palmentieri con su esposa. Él es uno de los comandantes del 2 de Marzo
Tcnel Peña Palmentieri con su esposa. Él es uno de los comandantes del 2 de Marzo

En diciembre 2018, Peña Romero recibe la cautelar por medida humanitaria, y así estuvo un par de años hasta que los abogados de los comandantes se dispusieron a introducir una apelación al fallo del tribunal que condenó a cinco, de los seis comandantes, en un juicio exprés el 16 de diciembre 2020.

Peña Romero se percata de que la apelación, hecha por los abogados en la audiencia de apelación en mayo 2021 y que fue declarada con lugar en agosto, implicaba que al él le retiraran la cautelar, porque iba a revelarse que no estaba enfermo de gravedad, excusa para que se la dieran. Ante eso el teniente coronel decide huir del país.

Teniente Coronel Erick Fernando Peña Romero
Teniente Coronel Erick Fernando Peña Romero

Solórzano Arias, quien fue el juez en apelación de la causa de los Comandantes del 2 de Marzo, declara con lugar la apelación y es así como el caso regresa otra vez a juicio, aunque todavía no hay fecha para ello.

La investigación que le abren a un grupo de jueces de la administración de justicia militar habría surgido por el pago que permitió la medida cautelar que le dieron al teniente coronel (Ej) Erick Fernando Peña Romero. Lo extraño es que la detención de Solórzano Arias ocurra ahora, aunque la investigación a funcionarios de la Corte Marcial ocurrió desde el momento en que esa medida cautelar fue concedida.

Entre quienes pudieran ser detenidos está el recién destituido presidente de la Corte Marcial, Mayor General (Ej) Rojas Borges, así como otros jueces, entre ellos el juez militar Amezquita Pión.

El presidente del TSJ, Maikel Moreno y el ahora ex presidente de la Corte Marcial, MG Rojas Borges
El presidente del TSJ, Maikel Moreno y el ahora ex presidente de la Corte Marcial, MG Rojas Borges

Los comandantes

De los seis comandantes del 2 de marzo, cinco tenían batallones a cargo, menos Peña Romero, quien fungía como administrador en el Hospital Militar. Meses después de estar detenido en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, él presentó una supuesta crisis hipertensiva. Se lo llevan de emergencia al Hospital Militar, de donde él fue administrador, y ahí permanece una semana hospitalizado.

Varios militares aseguran que Peña Romero, como otros presos han hecho, usó la excusa de la hipertensión y se causó los síntomas ingiriendo una cucharada de sal en la mañana y otra en la noche para que se le disparara la tensión, poniendo en peligro su salud. La hipertensión fue la excusa para que le dieran la medida cautelar, que después se descubría que no habría sido de gratis y que les dio dinero a varios funcionarios. Cuando el juicio se inicia, él se presentaba a las audiencias.

Después que el juez Yoffer Javier Chacón Ramírez liberó a un comandante, a un primer teniente y a un sargento, condenó a los cinco tenientes coroneles: Marín, Mota, Peña Romero, Soto y Peña Palmintieri. Fue inexplicable que haya condenado a cinco comandantes que estaban en la misma causa, con las mismas imputaciones, por los mismos delitos, las mismas pruebas y los mismos hechos, que al comandante y dos subalternos que dejó en libertad.

Es después de la apelación a esa condena que Erick Fernando Peña Romero decide fugarse y no se presenta ante el Tribunal, por lo que giraron una orden de aprehensión en su contra.

Es importante destacar que el Tcnel (Ej) Erick Fernando Peña Romero, jugó un papel relevante en el video con el que fue denunciado el entonces diputado Juan Carlos Caldera, del partido Primero Justicia, quien fue grabado recibiendo dinero del empresario venezolano Wilmer Ruperti, y que él explicó se lo ofreció el empresario como aporte a su candidatura a la Alcaldía del municipio Sucre.

Caldera reveló que el empresario Ruperti, quien ha sido uno de los privilegiados de la revolución bolivariana en lo que a contratos se refiere, le ofreció dinero para su campaña y para ello “me puso en contacto con su asistente Luis Peña, que es la persona que aparece ahí (en el video) extrañamente la borran y le distorsionan la voz”.

Lo interesante es que Luis Peña en realidad es Erick Fernando Peña Romero; no era asistente de Ruperti, pero sí hombre de confianza del entonces jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), MG (Ej) Miguel Rodríguez Torres, quien está preso desde el 12 de marzo 2018.

MG Miguel Rodríguez Torres ex ministro y ex jefe del SEBIN preso desde el 2018
MG Miguel Rodríguez Torres ex ministro y ex jefe del SEBIN preso desde el 2018

El juez preso

El Tribunal que conoció del caso de los comandantes Movimiento Transición a la Dignidad del Pueblo fue el del coronel Alfredo Enrique Solórzano Arias, quien desde hace unos días está en Policía Militar de Fuerte Tiuna, como el primer preso por la presunta red de corrupción que descubrieron en justicia militar.

Ese oficial, Solórzano Arias, en febrero 2006, fue nombrado en el Tribunal Militar Séptimo de Control con sede en Barquisimeto. Para el 2017 el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado Maikel Moreno, lo juramentó como juez relator de la Corte Marcial, designado por la Sala Plena del máximo tribunal.

En abril 2021, Molly De La Sotta, hermana del capitán de navío Luis Humberto De La Sotta, en manos de la DGCIM, desde el 2018, denunció que el Coronel Solórzano Arias, “después de un mes no responde al amparo constitucional del 5/3/21 y no ha entregado la decisión de suspensión del juicio de diciembre 2020 que restituyó la Causa a la Audiencia Preliminar violando el debido proceso y a su libertad”.

En el caso del llamado Golpe Azul, Solórzano Arias fue uno de los tres jueces del Tribunal de Guerra accidental, junto con el Coronel Jesús Alberto Montoya y el Capitán de Fragata Noguera Seco. Entre los militares condenados por ese caso está el GB (Av) Oswaldo Hernández, el Coronel (Ej) José Gregorio Delgado Vásquez, Tcnel (Av) Ruperto Chiquinquirá Sánchez Casares, Mayor (Av) Víctor Ascanio Castillo, My (Av) César Orta Santamaría, Cap (Av) Andrés Tomsom Martínez, Cap (Av) Neri Córdoba Moreno, Cap (Av) Laired Salazar Zerpa y Cap (GNB) Juan Carlos Nieto Quintero.

El nuevo presidente de la Corte Marcial, Mayor General Jesús Emilio Vásquez Quintero, quien era hasta hace unos días el Fiscal General Militar, es plaza de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), lo que aunado a que desde que los comandantes del Movimiento Transición a la Dignidad del Pueblo fueron detenidos el 2 de marzo 2018 emitió juicios de valor contra ellos, muchos de los detenidos no tienen expectativas de recibir justicia ni el debido proceso.

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