Al menos 30 presos se fugaron de un centro de detenciones ubicado en el municipio venezolano de Carlos Arvelo, en el céntrico estado Carabobo, informó este sábado la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).
Los reos se encontraban en una subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), principal organismo de investigaciones penales de Venezuela, y se fugaron cerca de las 2.00 de la madrugada (6.00 GMT), detalló la UVL en un mensaje publicado en su página web.
Tras la fuga, las autoridades policiales pidieron que “cualquier unidad en la zona” esté pendiente “de su seguridad y la de los habitantes del municipio”, puesto que, al parecer, varios de los presos que se escaparon “son de alta peligrosidad”.
Varios organismos de seguridad del Estado están brindando su apoyo a los funcionarios del Cicpc, cuerpo encargado del esclarecimiento científico de los delitos, y, por el momento, están buscando en varios lugares del estado para encontrar a los 30 reos y devolverlos a prisión.
Según fuentes “no oficiales” citadas por UVL en su información, los huidos se escaparon por un túnel que abrieron “desde la parte interna del calabozo donde estaban confinados” y su fuga fue reportada por las autoridades a las 6.00 (10.00 GMT).
De los 30 presos que participaron en esta fuga masiva, dos ya fueron recapturados, según fuentes no oficiales también citadas por UVL, mientras que comisiones compuestas por varios grupos policiales “siguen buscando por el sector conocido como Requena para dar con el paradero del resto de los presos evadidos”.
Prisiones precarias
El miércoles pasado la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció en el 141° período ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la “precariedad” de las prisiones en Venezuela.
La directora de la OVP, Carolina Girón, denunció que el hacinamiento en las cárceles es “crítico”. Según las cifras difundidas por el observatorio, la población carcelaria es de 37.500 personas y la capacidad instalada es para 26.238 reos.
“El sistema penitenciario venezolano no tiene las condiciones mínimas que reúna los estándares internacionales para albergar en los centros penitenciarios a personas de grupos vulnerables, tales como adultos mayores, niños, indígenas, personas LGTBI y mujeres embarazadas, en período de postparto y lactantes”, subrayó Girón, y recalcó que en 2020 se registraron 292 muertes de presos, de las cuales 184 fueron a causa de desnutrición y tuberculosis, dos casos que suponen más de 60 % de los fallecidos en los penales venezolanos.
La abogada también explicó ante la CorteIDH que en Venezuela existen dos tipos de centros de detención: los abiertos, “que son controlados por presos”, y los que permanecen bajo régimen “con estricto control” del Ministerio de Servicios Penitenciarios.
“La actual infraestructura data de más de 20 años, en notable deterioro por falta de mantenimiento, tanto correctivo como preventivo, y la gran mayoría no cuenta con agua potable, esta es surtida mediante camiones cisternas, una vez a la semana los más favorecidos”, añadió.
También hizo hincapié en que, desde el 13 de marzo de 2020 hasta la fecha, “no se han practicado pruebas para descartar contagio por covid-19, por lo que no se conoce si en las cárceles ha habido contagios o muertes por esta enfermedad”. Acerca de la atención médica, comentó que los presos dependen de los familiares para obtener medicinas y solicitar los traslados a los centros de salud. Lo mismo sucede con la comida y agua, que escasea y los parientes deben llevarla a los presos.
Con información de EFE
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