Un informe independiente reveló que entre el 14 de junio y el 13 de noviembre de 2020 fue asesinada una mujer cada 28 horas en Venezuela. El “Monitoreo de femicidios en Venezuela”, publicado por el Centro de Paz y Justicia, informó también que el 21,4% de las mujeres asesinadas eran madres, por lo que 41 niños y niñas quedaron huérfanos.
En total, fueron 103 los asesinatos de mujeres registrados en el período. En el 56,3% de los casos, los hechos ocurrieron en la casa de la mujer o en la de su pareja. La cuarentena, dictada por el régimen de Nicolás Maduro para frenar el avance de la pandemia de coronavirus, agravó el problema.
El cuadro es particularmente delicado en el caso de las niñas. Desde el 14 de junio hasta el 13 de noviembre de 2020 hubo en promedio un femicidio infantil cada 10 días. De las 11 niñas menores de 12 años asesinadas, cinco de ellas sufrieron abuso sexual; y las otras seis niñas murieron por violencia física. De estas 11, a ocho las mataron miembros de su misma familia.
De acuerdo a otro informe, presentado días atrás por el “Monitor de Femicidios”, iniciativa de la plataforma digital de comunicación Utopix, Venezuela ha registrado 228 feminicidios en todo 2020. “Hemos estado viendo un alarmante aumento durante el confinamiento por el covid-19″, dijo a la agencia AFP Aimeé Zambrano, coordinadora del independiente Monitor.
La cifra representa un 36,52% más que los 167 contabilizados en 2019, según un recuento de los casos reportados en la prensa. El gobierno de Venezuela dejó de dar cifras oficiales de feminicidios en 2016, después de haber reportado 121 en 2015.
“En este contexto de crisis general, la población de mujeres se está haciendo cada vez más vulnerable por la crisis misma”, dijo a la agencia EFE la psicóloga Magdymar León, coordinadora de Avesa, una organización que lleva 37 años defendiendo los derechos de las mujeres en el país. Llegados a este punto, advirtió, urge una revisión de las políticas públicas, para que incluyan una perspectiva de género, y de la sociedad en general, para determinar “por qué los hombres están matando a sus compañeras” o qué les hace pensar que tienen “derecho” a hacerlo.
Las respuestas a estas preguntas pueden encontrarse tanto en la cultura machista, arraigada incluso en las mujeres del país, como en la impunidad que abunda en estos casos y por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sancionó al Estado venezolano en 2018. La histórica condena, la primera contra un Estado por violencia de género cometida por un particular, la consiguió Linda Loaiza, una abogada de 39 años que demandó a su país por negarle un acceso oportuno a la Justicia luego de haber sido raptada, violada, mutilada y torturada en 2001.
“El Estado permitió la tortura y la esclavitud sexual (...) hubo aquiescencia del Estado, es decir, que lo permitió, lo facilitó”, dijo a EFE Loaiza, al rememorar el trato discriminatorio que recibió en aquellos años cuando llegó a hacer una huelga de hambre para protestar contra la absolución del acusado. La mujer, respaldada por la sentencia internacional que no ha sido acatada en su país, sigue sedienta de justicia, luego de haber “quitado el velo a las instituciones” venezolanas, como ella describe haberse enfrentado a todo un sistema que la menospreció y revictimizó.
Con información de AFP y EFE
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