Caracas. El comisionado presidencial de Juan Guiadó para los derechos humanos, Humberto Prado, confirmó que la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegará a Venezuela el lunes 3 de febrero. Una visita que genera dudas sobre si Nicolás Maduro permitirá la entrada.

Pese a que ningún funcionario de Maduro se ha pronunciado sobre esta visita in loco¸ el 15 de enero el régimen expresó que el único actor que no será invitado al país como observador electoral internacional será la Organización de Estados Americanos (OEA). La CIDH, pese a ser un organismo autónomo, pertenece a la OEA.

Prado expresó que, de no permitirse la entrada, “el régimen dejaría comprobado que no quiere que se vea la verdad sobre la vulneración de derechos humanos”. Aseguró que son muchos los organismos internacionales que están atentos a la visita.

Se espera que la delegación, encabezada por la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosamena, se reúna con víctimas de violaciones de derechos humanos, con la directiva de la Asamblea Nacional que lidera Juan Guaidó y constate la situación de los centros de salud, en especial, el Hospital de Niños JM de los Ríos, principal institución pediátrica del país.

En febrero de 2018 la CIDH otorgó medidas cautelares a pacientes del JM de los Ríos. En agosto del año pasado extendió las medidas a 13 servicios para proteger a los niños, niñas y adolescentes. El 29 de enero, falleció Julio Rangel de 11 años de edad, mientras esperaba por un trasplante de médula ósea. Solo en 2019 murieron más de 10 menores de edad en el servicio de Nefrología por falta de medicamentos e insumos.

En Venezuela la violación de derechos humanos se agrava en medio de la crisis política. Solo en 2019 se registraron 16.739 protestas por salarios, acceso a medicinas, alimentos y servicios públicos, indicó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Estas demandas han quedado evidenciadas en los informes y en las actualizaciones orales que ha hecho Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Documentos que Maduro no ha aceptado y que ha pedido al organismo que rectifique.

Por esa razón, Prado pidió a la CIDH que incluya en la agenda: persecución a disputados, independencia judicial y Estado de derecho, uso de cajas de comidas, colectivos armados como método de control social; libertad de expresión, ecocidio en el Arco Minero, funcionamiento de los servicios públicos, uso de la fuerza de grupos de exterminios.

Se prevé, según dijo Prado, que la CIDH levante un informe que no solo será presentando al Consejo Permanente de la OEA, sino ante otras instancias internacionales. “Será un insumo importante, una herramienta más para la Corte Penal Internacional”.

La Fiscalía de la Corte en 2018 abrió una investigación preliminar para determinar si en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad.