El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio pidió este miércoles al Ministerio Público que abra una investigación en contra del líder opositor Henrique Capriles por presuntamente estar involucrado en comisión de hechos punibles en relación al caso Odebrecht.
El acta final del máximo tribunal del país también solicita que sean investigados los ministros Elías Jaua y Jorge Rodríguez; además de los ex ministros Haiman El Troudi, Rodolfo Clemente Marco Torres, Jesse Chacón, Nelson Merentes y Jorge Giordani.
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Se señala a todos ellos por presuntamente haber perpetrado delitos de corrupción propia y legitimación de capitales, los mismos por los que fue condenado el presidente Nicolás Maduro.
El dictador venezolano fue condenado el pasado miércoles 15 de agosto a 18 años y 3 meses de prisión. También deberá resarcir al Estado con 35 millones de dólares, al tiempo que queda inhabilitado para ejercer cargos públicos.
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La sentencia, que fue emitida desde el Congreso de Colombia, en Bogotá, se dio en el marco de la corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela.
"Aquí hay un ejemplo de que sí se puede condenar a los corruptos y rescatar el patrimonio que ha desaparecido de las arcas de nuestro país. Y si hay países y organismos internacionales dispuestos a ayudar a nuestra República", manifestó el magistrado Miguel Ángel Martín.
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"Cada magistrado tuvo el valor de decidir de manera individual e imparcial. No hay que ser abogado para entender las pruebas, para ver si las pruebas demuestran un hecho punible o no. De las pruebas surgió que mucho dinero involucrado en obras grandes desapareció del país sin que se hubieran construido las infraestructuras", señaló el TSJ tras el fallo.
Los jueces en el exilio indicaron que Maduro deberá cumplir su reclusión en el centro militar de Ramo Verde, ubicado en Los Teques, estado Miranda.
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Por su parte, el Tribunal Supremo aseveró que los organismos internacionales deben colaborar para la repatriación del patrimonio que fue adquirido ilícitamente por el chavismo durante las últimas dos décadas.
"El dinero que es nuestro, y que debería estar en nuestro país, está en el exterior. Y los organismos internacionales deben colaborar para repatriar esos recursos que están en manos de personas afuera relacionadas con delitos de corrupción", manifestó Martín.
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La ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, también exiliado en Colombia, fue la encargada de exponer la acusación y presentar los testigos, durante el proceso judicial.
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