
El argentino Santiago Cantón integró junto al canadiense Irwin Cotler y el costarricense Manuel Ventura Robles el panel de expertos designado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para determinar si durante las multitudinarias protestas de 2017 y en los años anteriores se cometieron en la Venezuela de Nicolás Maduro crímenes de lesa humanidad. El resultado de esa evaluación, que fue presentada hoy en la sede del organismo regional en Washington, es lapidario.
Durante casi nueve meses los tres expertos recabaron información, recibieron el testimonio de decenas de víctimas y testigos y analizaron las evidencias de los grupos de derechos humanos. En Venezuela, afirmó Cantón en una entrevista con Infobae en la capital norteamericana, hubo lo que técnicamente se denomina "ataques generalizados y sistemáticos a la población civil". Es decir, abusos de todo tipo por parte del régimen, que incluyen más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales desde 2015, torturas y violaciones, crímenes que a su entender merecen la apertura de un caso en la Corte Penal Internacional (CPI) para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
Para Cantón, que además es secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y antes fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son claras estas responsabilidades. El accionar coordinado en la represión de opositores puede llevar a que Maduro, así como sus allegados políticos y los jefes del ejército y otras fuerzas de seguridad sean hallados culpables por el tribunal internacional y "terminen presos".
-Integró un panel especialmente conformado para evaluar si en la Venezuela de Nicolás Maduro se cometieron delitos de lesa humanidad. ¿Qué evaluación hicieron?
– Si, es un panel de expertos independientes, son tres expertos, un ex ministro de Justicia de Canadá, un ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y yo. El objetivo es, efectivamente, ver si existen crímenes de lesa humanidad que puedan ser vistos y decididos por la Corte Penal Internacional y, en todo caso, juzgar a los responsables de esos delitos. En efecto, el panel encontró casos que representan ataques generalizados y sistemáticos a la población civil, que es la palabra técnica, y eso incluye casos de ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura, de violaciones, de detenciones arbitrarias, de desapariciones forzadas y casos de persecución política.
-¿Cómo se verificaron esos casos?
-El grupo tuvo audiencias, donde recibió a numerosas víctimas y a testigos que declararon ante el grupo de expertos independientes, y asimismo recibió información de distintos organismos de derechos humanos, de la sociedad civil, de toda América latina y de Venezuela.
-¿Pudieron ingresar a Venezuela?
-No, no, imposible ingresar.
-¿Cómo se determinan en este tipo de casos las responsabilidades? ¿Es posible identificar culpables?
-Eso es una decisión de la Corte Penal Internacional. En la primera etapa, en la que la Corte hace una investigación preliminar, no se determinan todavía responsabilidades. Primero hay que determinar si existen hechos que puedan representar delitos de lesa humanidad. Una vez que esto se determinó, cumplido este primer paso, ahí la Corte tiene que decidir quiénes son los responsables y eso se hace en base a las pruebas que se presenten sobre el grado de responsabilidad que tuvo cada una de las personas, desde el presidente de la república hasta generales y otras personas más.
-La CPI inició ya una investigación preliminar, ¿cómo se vinculan estas dos investigaciones?
-La oficina de la fiscalía de la Corte inició una evaluación preliminar con posterioridad a que el secretario general de la OEA iniciara este grupo, de modo que en cierta manera hubo un rol importante de este grupo en el inicio de aquella evaluación. Pero el objetivo nuestro es no sólo ampliar la investigación de la oficina de la fiscalía, sino que se abra un caso.

-¿Qué puede implicar esto para Maduro y su régimen?
-Lo único que queda para la comunidad internacional es que por la vía de la legalidad se determinen los responsables de los numerosos delitos de lesa humanidad que se cometieron, y esto significa que puede terminar preso, que tal vez se lo pueda detener tanto a él como a personas allegadas, sobre todo en el ejército, que claramente, junto con otras fuerzas de seguridad, se coordinan para cometer ejecuciones extrajudiciales y torturas.
-¿Esto sólo podría ocurrir en caso de que abandone territorio venezolano?
-No necesariamente, aunque en principio supondría que sí.
-¿Pueden cambiar la situación de Maduro en función del contexto regional, es decir en función de quién gane en Colombia, quién gane en México y qué pase en Brasil?
– No, lo único que puede hacer que algo varíe, para la CPI, es si existen investigaciones internas y procesos judiciales independientes que puedan identificar a los responsables. Ese es el único criterio que podría utilizar la Corte Penal Internacional para no avanzar en una investigación. Si eso existe y el panel concluye que no existe, no hay motivos que puedan frenar una investigación.
-¿Identificaron ustedes algún tipo de iniciativa judicial interna?
-No, nada.
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