Miles de venezolanos, tanto los que viven en el país como los que residen en el extranjero, viven un verdadero calvario por la corrupción del régimen de Nicolás Maduro con los pasaportes. Mercedes De Freitas, presidente de Transparencia Venezuela, se encuentra en Miami recopilando casos de venezolanos que no logran tramitar el documento para denunciar esta situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"En una asamblea hablé con una señora que consiguió la cita en Puerto Rico por la que debe pagar 1.400 dólares por miembro familiar. El incremento de la corrupción y los sobornos por estas faltas son increíbles", fustigó De Freitas.
Tanto los venezolanos que viven en su país, como los que se encuentran en el exterior, aseguran que se encuentran "presos" ante la imposibilidad de entrar y salir de la nación caribeña.
Esta situación afecta a diversas personas. Desde ciudadanos que están a punto de perder visas de trabajo o estudio, hasta niños que están indocumentados.
Ángelo De Dominicis es un joven ingeniero que llegó a Chile en 2014. El 28 de diciembre pasado se le venció el pasaporte. Para renovarlo, un gestor le quería cobrar 1.650 dólares por el trámite. En los consultados venezolanos el costo debería ser de 80 dólares.
"Como estaba viendo que había problemas comencé a pedir la cita cuatro meses antes y todavía estoy esperando el correo. No hay un canal de comunicación con el Saime y en el consulado te redireccionan al Saime. Por supuesto, desde hace 2 o 3 meses para acá los gestores han empezado a multiplicarse y a incrementar sus tarifas", declaró a El Nacional.
"Esto me trae problemas porque trabajo en una compañía de ingeniería. Hay posibilidad de hacer trabajos fuera, en Perú, por ejemplo, con contratos mineros y sin pasaporte no puedo ir", agregó.
La ONG Transparencia llevó a principios de febrero cien denuncias al Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime), la Defensoría y la Fiscalía. Pero hasta el momento no recibieron respuesta.
Ante este panorama, trabaja en la presentación de una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la identidad y al libre tránsito, debería ser el gran facilitador de eso. No puede usar la excusa de las máquinas o la falta de material para violar esos derechos, tiene que resolver el problema o buscar mecanismos alternativos".
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