
El programa, que inició a finales de abril, está destinado a incorporar a los migrantes indocumentados al mercado laboral formal.
Más de un millón de migrantes indocumentados en España han solicitado regularizar su situación en el marco de un nuevo programa destinado a incorporarlos al mercado laboral formal, dijo el martes el presidente Pedro Sánchez.
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Sánchez calificó el programa de un "éxito" que ayudaría a sostener la sociedad envejecida del país. El número de solicitantes fue aproximadamente un 25 por ciento más alto de lo que el gobierno había previsto, según proyecciones oficiales de abril.
El programa, anunciado en enero, ha reforzado la reputación de Sánchez entre la izquierda internacional, ya que se opone a la tendencia de los gobiernos occidentales --a menudo bajo presión de la extrema derecha-- de restringir la inmigración. En concreto, agudizó el enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y Sánchez, quien, en un ensayo publicado en la sección de Opinión de The New York Times, describió su programa como un antídoto contra las políticas de los "los líderes del estilo del movimiento MAGA".
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Sánchez y su gobierno han descrito la medida como un gesto humano hacia los migrantes en apuros y, al mismo tiempo, como un paso esencial para la economía española. La tasa de natalidad de España es una de las más bajas de Europa, y desde 2015 las muertes superan a los nacimientos entre las madres residentes.
Los trabajadores nacidos en el extranjero cubren las carencias de mano de obra en sectores económicos clave, como la agricultura y el turismo. Más de tres millones de personas han llegado a España desde la pandemia del coronavirus, una oleada que, según economistas y responsables del gobierno, ha ayudado a que la economía del país se convierta en una de las de más rápido crecimiento de Europa.
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"Sin inmigración, España perdería un 19 por ciento de su Producto Interior Bruto en 2050", dijo Sánchez.
El programa, que se espera que beneficie sobre todo a los migrantes indocumentados de Latinoamérica, ha recibido duras críticas por parte de la oposición conservadora.
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Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular de centro-derecha, ha rechazado la medida "porque es inhumana, porque es injusta, porque es insegura y porque es insostenible", ya que podría sobrecargar las infraestructuras españolas y agravar la escasez de viviendas. Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, la ha descrito como "invasión" y ha afirmado que cambiaría el carácter de la sociedad española.
Los migrantes indocumentados que llevaban al menos cinco meses viviendo en España antes de que se abriera el plazo de solicitud podían pedir la regularización.
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