
El cambio devuelve la tarifa a lo que era en 2010, cuando el Departamento de Estado instituyó por primera vez una tasa para los estadounidenses que renunciaban a su ciudadanía.
El Departamento de Estado reducirá drásticamente el costo de renunciar a la ciudadanía estadounidense, lo cual pone fin a una batalla legal de años sobre el precio de renunciar a un pasaporte azul.
En una actualización publicada en el Registro Federal el viernes, el Departamento de Estado dijo que reduciría las tasas consulares por renunciar a la ciudadanía estadounidense de 2350 dólares a 450 dólares, lo que supone una reducción de más del 80 por ciento del costo del engorroso y burocrático proceso.
El cambio de política, que entrará en vigor el 13 de abril, se propuso en octubre de 2023.
El cambio anunciado el viernes devuelve la tarifa a lo que era en 2010, cuando el Departamento de Estado instituyó por primera vez una tasa para los estadounidenses que renunciaban a su ciudadanía estadounidense.
El proceso, que es arduo y costoso, requiere un trabajo exhaustivo por parte de los funcionarios consulares, incluida la confirmación de que cualquier persona que desee renunciar a su ciudadanía comprende plenamente las implicaciones de hacerlo.
La obtención de un "certificado de pérdida de nacionalidad" requiere dos entrevistas distintas con funcionarios consulares, un proceso de investigación y un juramento formal de renuncia. El proceso puede durar meses.
El departamento advierte en su sitio web que los riesgos de renunciar a la ciudadanía estadounidense incluyen convertirse en "apátrida" y necesitar un visado para entrar en Estados Unidos.
Durante años, el gobierno se ha enfrentado a grupos de presión que representan a estadounidenses y exestadounidenses en el extranjero, quienes han calificado de exorbitante la tasa de 2350 dólares.
Entre ellos se encuentra la Asociación de Estadounidenses Accidentales, con sede en París, que impugnó legalmente el aumento de la tasa e intentó que se devolviera la diferencia a sus clientes.
"Esta reducción de la tasa es una primera victoria concreta, pero nuestra lucha para que se reconozca el derecho a renunciar como un derecho constitucional fundamental continúa", dijo el presidente de la asociación, Fabien Lehagre, en un comunicado publicado en la página de Facebook de la asociación.
Aunque no hay cifras que indiquen cuántos estadounidenses han renunciado formalmente a su ciudadanía, se calcula que 9 millones de estadounidenses viven en el extranjero.
Para ellos, la ciudadanía estadounidense puede convertirse en una carga: Estados Unidos es uno de los pocos países que cobran impuestos en función de la ciudadanía y no de la ubicación geográfica. Esto significa que los estadounidenses que viven en el extranjero deben presentar una declaración de impuestos, y puede resultarles más difícil abrir una cuenta bancaria, debido a las normas de información que el gobierno estadounidense impone a los bancos extranjeros.
Renunciar a la ciudadanía estadounidense era gratuito hasta 2010, cuando el Departamento de Estado instituyó por primera vez la tarifa administrativa de 450 dólares. Reconoció que esa cantidad cubría "menos del 25 por ciento del costo para el gobierno estadounidense" de tramitar y certificar la pérdida de la nacionalidad, pero la mantuvo a ese precio en parte para no desanimar a quien quisiera utilizar el servicio.
Pero un fuerte aumento de las solicitudes --impulsado en parte por los requisitos bancarios extranjeros instituidos en 2010-- llevó al Departamento de Estado a aumentar la tasa a 2350 dólares en 2015, para cubrir la totalidad de los costos de tramitación.
El cambio provocó la indignación de los estadounidenses expatriados, quienes dijeron que la tasa era prohibitiva.
"El público ha seguido expresando su preocupación por el costo de la tasa y por su repercusión en la posibilidad de renunciar a la nacionalidad", dijo el Departamento en su comunicado.
El Departamento de Estado anunció por primera vez en octubre de 2023 su intención de rebajar la tasa asociada a la renuncia a la nacionalidad. En aquel momento, cientos de comentaristas se pronunciaron a favor del cambio y muchos citaron la burocrática política fiscal estadounidense como la razón por la que esperaban renunciar a su ciudadanía.
"Muchos declararon que gastaban cientos o miles de dólares al año en profesionales fiscales, aunque no tuvieran obligaciones fiscales en Estados Unidos", dijo el Departamento de Estado al anunciar el cambio. "Algunos declararon que, a pesar de estar obligados a cumplir las leyes fiscales estadounidenses, recibían y/o se beneficiaban de pocos de los servicios por los que se recaudaban sus impuestos".
Ali Watkins cubre noticias internacionales para el Times y radica en Belfast.
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