EE. UU. quiere acceso a la minería en Venezuela

El gobierno de Trump busca controlar las reservas de tierras raras, oro y minerales valiosos de Venezuela. Pero los yacimientos se encuentran en regiones selváticas y controlados por violentas redes criminales.

Acompañado por un par de decenas de representantes de empresas mineras y otras compañías estadounidenses, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, abogó por un mayor acceso de Estados Unidos a las reservas venezolanas de minerales esenciales y oro durante una visita a la capital del país el miércoles y el jueves.

La visita de Burgum fue la última reunión entre un alto funcionario estadounidense y el nuevo gobierno interino de Venezuela, presidido por Delcy Rodríguez, con el objetivo de abrir la economía del país sudamericano a los inversionistas estadounidenses. Entre los visitantes previos se encontraban el secretario de Energía Chris Wright; el jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, y el director de la CIA, William Burns.

El miércoles, Rodríguez se comprometió a trabajar a la "velocidad de Trump" para acelerar el acceso de Estados Unidos a los minerales venezolanos. Prometió presentar en los próximos días a los legisladores nacionales una nueva medida minera que permitiría a las empresas extranjeras extraer oro, diamantes y tierras raras. No ofreció más detalles sobre la posible propuesta.

La visita de Burgum coincidió con el anuncio del Departamento de Estado de que Estados Unidos y Venezuela estaban restableciendo "relaciones diplomáticas y consulares". Un funcionario de la Casa Blanca también reveló un acuerdo mediado por Estados Unidos, que no se anunció públicamente, entre la empresa minera estatal de Venezuela y Trafigura, un gigante de las materias primas con sede en Singapur, para la venta de hasta 1000 kilogramos de oro, cuyo valor supera con creces los 100 millones de dólares.

El funcionario, que habló con la condición de mantener su anonimato porque no estaba autorizado a discutir públicamente el acuerdo, dijo que el acuerdo formaba parte de un esfuerzo del gobierno por restaurar el sector minero de Venezuela y aumentar la inversión en él. Funcionarios de Trafigura no respondieron a una solicitud de comentarios.

"En los dos últimos meses ha habido más cosas positivas que en los últimos 20 años", dijo Burgum sobre la economía de Venezuela al hablar con los periodistas el jueves.

Desde que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, el gobierno de Donald Trump ha esencialmente tomado el control de la moribunda industria petrolera venezolana con la esperanza de revertir años de declive de la producción.

Un esfuerzo similar centrado en el debilitado sector minero de Venezuela, que también fue nacionalizado en gran medida por el partido socialista gobernante, podría resultar más difícil. Gran parte de los inmensos yacimientos de oro, bauxita, wolframio y otros minerales de Venezuela permanece sin explotar y se encuentra en regiones selváticas del sur, que incluyen tierras protegidas.

Los legisladores venezolanos tendrían que introducir cambios normativos para atraer la inversión extranjera, lo que también podría provocar reacciones violentas en un país al que durante décadas se le ha dicho que Estados Unidos era el enemigo.

Pero quizá el mayor obstáculo para la reactivación del sector minero venezolano sea el dominio que ejercen las operaciones mineras ilegales en su territorio. Incrustadas en lo más profundo de la selva venezolana, violentas redes criminales han construido asentamientos sin ley que extraen metales preciosos de la tierra, dejando lugares de trabajo contaminados.

En medio de la prolongada caída de la industria petrolera venezolana, el gobierno de Maduro impulsó la extracción de oro como medio para generar más ingresos, a menudo ignorando los efectos medioambientales, según grupos de vigilancia. Las operaciones mineras ilegales en Venezuela también han contribuido a la deforestación desenfrenada, así como al envenenamiento de ríos y al desplazamiento de indígenas, según han dicho esos grupos.

Según un informe del Departamento de Estado al Congreso, las fuentes calculan que el valor del oro extraído en Venezuela alcanzó un promedio anual de 2200 millones de dólares en los últimos cinco años. Ese dinero ayudó a mantener el gobierno de Maduro, pero se obtuvo a costa de la destrucción de más de 2500 kilómetros cuadrados de tierras forestales.

"Esto es mucho más complejo que el petróleo, con diferencia", dijo Luisa Palacios, investigadora del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia y expresidenta del consejo de administración de Citgo, propiedad de la petrolera estatal venezolana.

Dijo que Venezuela era un productor regional relativamente grande de minerales como aluminio, oro, bauxita y hierro, pero que la industria minera sufrió un "colapso total" a lo largo de los años después de que el gobierno venezolano expropiara empresas.

La bauxita, que Estados Unidos incluye en su lista de minerales críticos, se transforma en aluminio. Los expertos también creen que Venezuela tiene yacimientos de coltán, que se utiliza para fabricar condensadores para aparatos electrónicos como computadoras portátiles y celulares.

Palacios dijo que era optimista respecto al resurgimiento del sector minero de Venezuela, pero advirtió que, para revitalizar la producción, se requerirían importantes inversiones y, muy probablemente, nuevas leyes para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno, así como las prácticas medioambientales.

"Toda mejora de la gobernanza en torno a la producción minera es bienvenida", dijo. Pero "no sé cómo va a hacerlo el gobierno de Trump", aseveró.

Trump ha hecho de la caza mundial de minerales críticos una prioridad, cerrando acuerdos con Ucrania y Australia para acceder a sus recursos y persiguiendo a Groenlandia, rica en recursos naturales. Estados Unidos también ha estado tomando participaciones en empresas estadounidenses de tierras raras como forma de competir más eficazmente con China, que extrae el 70 por ciento de las tierras raras del mundo.

Elisabeth Braw, miembro del Atlantic Council, una organización de investigación con sede en Washington, dijo que el acuerdo sobre el oro en el que estaba implicada Venezuela planteaba una serie de preguntas, como qué tipo de seguridad se proporcionaría a las empresas involucradas.

"Sí, Estados Unidos ha detenido a Maduro, pero Venezuela aún no es una economía de mercado que funcione perfectamente", dijo Braw, y añadió: "Las empresas occidentales que hagan negocios allí querrán algún tipo de seguridad".

El impulso a la minería también acerca a Washington a un gobierno que, aparte de la destitución de Maduro, en gran medida no ha cambiado respecto al que está ampliamente acusado de abusos contra los derechos humanos, vastas tramas de corrupción, narcotráfico y fraude electoral. Maduro, a la espera de juicio en Nueva York, ha negado las acusaciones contra su gobierno.

En uno de los pocos indicios de la incómoda asociación entre Estados Unidos y Venezuela, Rodríguez estuvo acompañada el miércoles por su ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien tiene una recompensa de 25 millones de dólares estadounidenses por su cabeza tras ser acusado de vínculos con el narcotráfico (que él niega).

El hermano de Rodríguez, Jorge Rodríguez, quien preside la Asamblea Legislativa del país, impulsó una amplia reforma de la industria petrolera menos de un mes después de la destitución de Maduro. La nueva ley revierte de hecho la nacionalización de la industria petrolera venezolana de 2007, que llevó a gigantes petroleros estadounidenses como Exxon Mobil y ConocoPhillips a abandonar su búsqueda de las reservas del país, que figuran entre las mayores del mundo.

Burgum dijo que había cenado con los hermanos Rodríguez el miércoles por la noche, y se refirió repetidamente a ellos como los que dirigen el país. Desvió una pregunta sobre Cabello, a quien se ha descrito como el ejecutor del gobierno.

El gobierno de Trump afirma que ha recaudado más de 1000 millones de dólares en ventas de petróleo a medida que Venezuela ha aumentado su producción en los últimos dos meses, y que varios cientos de millones de dólares han vuelto a acabar en las arcas venezolanas. Estados Unidos también ha presionado a Venezuela para que ponga fin a los envíos de petróleo a Cuba.

Max Bearak es reportero del Times en Bogotá, Colombia.

Lisa Friedman es una reportera del Times que escribe sobre el modo en que los gobiernos abordan el cambio climático y los efectos de esas políticas en las comunidades.