Abogado de Pedro Castillo presentó recurso contra filtraciones en el caso de ascensos en las FF.AA.

La defensa del jefe de Estado, Benji Espinoza, consideró que el Ministerio Público sería el culpable de la filtración de información que debería estar lacrada y que generan “un prejuicio de culpabilidad” contra el mandatario.

"La presunción de inocencia significa que nadie puede ser tratado, considerado o concebido como culpable mientras no haya una condena firme en su contra", considera Benji Espinoza. (Agencia Andina)
"La presunción de inocencia significa que nadie puede ser tratado, considerado o concebido como culpable mientras no haya una condena firme en su contra", considera Benji Espinoza. (Agencia Andina)

Benji Espinoza, uno de los abogados del presidente Pedro Castillo, informó que presentó una nueva tutela de derechos ante el Poder Judicial en el caso ascensos en las Fuerzas Armadas que investiga la Fiscalía con el objetivo de que el juez ponga límite y no permita las filtraciones sobre nuevas revelaciones en el marco de esta investigación.

“Las investigaciones son reservadas, y cuando de por medio hay las declaraciones de un aspirante a colaborador, es ultra reservada. El juicio es público, la investigación no, y el proceso de colaboración mucho menos, así que lo que queremos hacer es que el juez ponga un límite a este festival de filtraciones que pensaba que había cesado, pero no es así”, señaló a RPP.

La defensa del jefe de Estado mencionó que, el último domingo, en el programa Panorama, el propio abogado de Bruno Pacheco, César Nakazaki, se mostró sorprendido por la filtración de una información de material lacrado, como pruebas, documentos y otros elementos clasificados.

“Son datos, pruebas y elementos que se colocan dentro de un sobre, que se guardan, se sellas y se rotulan. Se supone que nadie puede acceder a ellos. ¿Entonces de qué estamos hablando?”, cuestionó Benji Espinoza.

El abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, retomó la defensa del mandatario el mismo día que dijo que había renunciado.
El abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, retomó la defensa del mandatario el mismo día que dijo que había renunciado.

¿Quién filtra?

El abogado del mandatario consideró que puede haber dos explicaciones sobre la filtración de esta información. El primer causante sería la propia Fiscalía que lo haría “deliberadamente, por lo cual estaríamos ante una acción dolosa” o omitiría cumplir con su deber de supervisión y aseguramiento de la reserva, lo que podría considerarse una “omisión negligente”.

Manifestó que el Ministerio Público, en ambos casos, sería responsable porque “la ley coloca a la Fiscalía como el responsable de que la reserva de la investigación se respete”.

“Que sea el Poder Judicial el que ordene que se cumplan los mandatos legales que prohíben divulgar actuaciones procesales reservadas de la investigación”, dijo.

Bajo ningún supuesto ni contexto puede violarse la reserva impunemente. Afecta directamente a la presunción de inocencia, la hiere de muerte”, añadió.

Refirió que las filtraciones perjudican la imagen del presidente en tanto que generan un prejuicio de culpabilidad “cuando ni siquiera se le puede imputar cargos”.

Postergó la tutela

Cabe indicar que, el último viernes, en una segunda audiencia que evaluaría otro recurso presentado por la defensa del presidente en el que se alega una violación del derecho a la presunción de inocencia del mandatario porque no se habría guardado las reservas de las declaraciones de la investigación, el abogado Benji Espinoza desistió de la demanda y dijo que la volvería a presentar posteriormente con más argumentos.

Consideramos que hay más argumentos para ampliar (la demanda) así que lo que vamos a hacer es desistir de este pedido para, en su momento, volver a pedirlo con fundamentos ampliatorios”, indicó.

Ante ello, la fiscalía no mostró ninguna objeción.

Tras el desistimiento de la demanda respecto a la reserva de información de la carpeta 2022-02, el juez Juan Carlos Checkley declaró el archivo del proceso.

El abogado de Pedro Castillo desistió de una de las tutelas de derecho (RPP)

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