Si el crimen organizado sigue detentando Gobiernos y Estados, no hay futuro para la democracia

Suplantar la política por el crimen, el servicio público por la opresión y el estado de derecho por el terrorismo de Estado, son solo parte de la expansión que la dictadura de Cuba revestida de socialismo del siglo 21 ha implementado para la opresión de los pueblos de las Américas con pruebas sangrientas en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. La realidad objetiva prueba que el crimen organizado detenta gobiernos y estados, protegiendo sus delitos con inmunidades y privilegios que falsifican y destruyen la democracia.

Los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia son narcoestados, esto es países en los que las “instituciones políticas se encuentran influenciadas por el poder y las riquezas del narcotráfico, cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes de tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales”.

Para detentar el poder indefinida e impunemente esos regímenes han institucionalizado un sistema de “terrorismo de Estado” cometiendo a diario delitos de lesa humanidad y atroces violaciones a los derechos humanos que se expresan en persecuciones, presos, exiliados políticos y una situación de indefensión generalizada en la población, a la que someten presa de miedo.

Hasta hace poco y durante todo este siglo, el sistema internacional e interamericano han sido ineficientes, han incurrido en incumplimiento de obligaciones, tolerando y coexistiendo con el crimen organizado, que con narrativa populista ha tomado y retenido el poder para expandir su sistema de “guerra híbrida” contra las democracias de las Américas.

El narcotráfico y el terrorismo como armas contra la democracia no son nuevas. Su publica y sostenida formulación ubica al dictador Fidel Castro en los inicios de la década de los sesenta del siglo pasado convocando a “inundar de droga los Estados Unidos” como parte de su arsenal revolucionario antiimperialista, mientas al mismo tiempo promovía y organizaba prácticamente todas las agrupaciones guerrilleras en la región.

El crecimiento del narcotráfico con la coartada de atribuir el crimen a las víctimas, alegando que los responsables son los países consumidores y que mientras haya mercado habrá producción, es solo una prueba pública del nivel de influencia y penetración que el crimen a logrado en niveles políticos, empresariales, académicos y económicos. El crecimiento de la prevalencia del consumo de drogas en los países que las producen y en los países en desarrollo demuestran la falsedad de este argumento. Las drogas dañan y matan a jóvenes y adultos de todas las Américas y el mundo sin distinción de ideologías, razas ni posición.

El cambio en la política exterior de los Estados Unidos, seguida por Argentina, Perú, Ecuador, Republica Dominicana, Guyana y otros estados, tiene el mérito de identificar claramente al agresor, señalando al narcotráfico y al terrorismo como detentadores del poder en gobiernos y estados desde los que se ataca impunemente a los pueblos, se delinque con cobertura dictatorial, perpetrando crímenes de lesa humanidad con discursos antiimperialistas y alegatos de soberanía.

El socialismo del siglo 21 -que es la expansión de la dictadura castrista de Cuba- además de controlar las dictaduras/narcoestados de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, ha logrado instalar gobiernos sirvientes en México con López Obrador y ahora con Sheinbaum, Brasil con Lula da Silva, Colombia con Petro y Honduras con Castro, que han puesto su política exterior al servicio del crimen, en detrimento de sus soberanías, con grave perjuicio de sus pueblos. Las pruebas son su encubrimiento a los narcoestados, a los carteles criminales que los controlan y su afán de presentar como hechos políticos los crímenes.

No se trata solamente de gobiernos que protegen el crimen, son gobiernos cuyos líderes cometen los crímenes. Hay países totalmente controlados por grupos criminales narco/terroristas que son Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia y hay países que tienen territorios, estados, municipios, poblaciones o provincias bajo control de criminales que han tomado el control de gobiernos locales, de la política, de la justicia y del terror como lo demuestran casos en México, Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador y más.

El desmontaje del crimen organizado que controla países es una obligación jurídica internacional y es derecho de legítima defensa de los países agredidos y de la comunidad internacional. El silencio de la Organización de Estados Americanos en esta materia es estrepitoso.

El desmontaje del crimen organizado que controla territorios, estados, provincias o municipios dentro de un país, es obligación de los gobiernos nacionales que como el caso de Ecuador inició lucha abierta y decidida, o como el caso de México que aparenta haber optado por la coexistencia, o en Argentina donde parece mejor seguir soslayando el problema.

El liderazgo de la región entiende que futuro de la democracia depende de retirar al crimen organizado del control de países y territorios. No es fácil pero no hay opción.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Demoracy