Se cumple un año de presidio por “terrorismo” del opositor que lideró las protestas que llevaron a la renuncia de Evo Morales

Hoy se cumple un año del encarcelamiento del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a quien el gobierno boliviano del Movimiento Al Socialismo (MAS) acusa de “terrorismo” y “golpe de Estado” por haber liderado las multitudinarias protestas que llevaron a la renuncia del ex presidente Evo Morales en 2019, tras el fraude electoral perpetrado por este y certificado así por la Organización de Estados Americanos.

El 28 de diciembre de 2022, el gobierno del MAS liderado por el ex ministro de Morales, Luis Arce —quien volvió al poder tras una fallida transición bajo la ex presidenta y hoy también encarcelada Jeanine Áñez— secuestró a Camacho violentamente en Santa Cruz con 40 agentes fuertemente armados vestidos de civil y con el rostro cubierto, y le trasladó en un helicóptero militar a La Paz, a 4,000 metros sobre el nivel del mar.

Al día siguiente, a pesar de tener trabajo y domicilio conocidos siendo el gobernador electo de Santa Cruz desde el 2021, Camacho fue recluido “preventivamente” en la peligrosa cárcel de Chonchocoro reservada para los criminales más temibles. Desde entonces, sin que se haya iniciado su juicio, distintos jueces subordinados al poder ejecutivo han dictado otras cinco detenciones preventivas que lo mantienen en la cárcel, enfrentando seis procesos penales que le ha instaurado el Gobierno, incluido por “incumplimiento de deberes”, “resoluciones contrarias a la constitución” y “ultraje de los símbolos patrios”.

Los múltiples juicios infundados contra Camacho buscan castigar su ejercicio legítimo de las libertades de expresión y de reunión, al haber pedido públicamente la renuncia de Morales después de casi 14 años en el poder. Es lo mismo que se busca castigar en el caso de los más de 200 presos políticos actualmente existentes en Bolivia, que incluyen a líderes de alto perfil como el líder cívico indígena que co-lideró las protestas con Camacho, Marco Pumari, el dirigente cocalero opositor a Morales, César Apaza, y la ex presidenta Áñez, a quien se le ha negado el derecho a un juicio de responsabilidades ante el Senado, como ex jefe de Estado.

El gobierno de Arce alega que Camacho hizo un llamado a las fuerzas de seguridad “para que se le unan”, y que hizo tratos “ilegales” con policías y militares “para que se subordinen”. Lo cierto es que, desde el inicio de las protestas tras el fraude electoral de 2019, Camacho —junto a decenas de organizaciones de la sociedad civil boliviana— llamó públicamente a que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se abstuviesen de reprimir al pueblo que protestaba masivamente en las calles, y, en vez de ello, que se unan a las protestas pacíficas y que quiten el apoyo al gobierno que había cometido un fraude electoral, lo cual finalmente se produjo el día de la renuncia de Morales.

En medio del paro nacional por el fraude electoral, y en respuesta al mandato del Cabildo de Santa Cruz de 2 de noviembre de ese año, según el cual se había dado 48 horas a Morales para que renuncie, el día 4 de noviembre Camacho pidió a las decenas de miles de personas reunidas en el cabildo “aprobar el respaldo a los pedidos de la Policía [y militares] en relación a sus condiciones laborales, que van desde la igualdad de salarios y vivienda hasta la jubilación al 100% de su sueldo; además de restituir las unidades tradicionales por ley orgánica, [y] poner en vigencia el plan de carrera de generales desde enero de 2020″.

A partir de ello, Camacho dijo que esperaban que la Policía y las Fuerzas Armadas no repriman a la ciudadanía al momento de llevar a cabo las nuevas medidas de presión. Estas acciones abiertas y transparentes de Camacho, en las que públicamente ante decenas de miles de personas pedía a la Policía y las Fuerzas Armadas apoyar a los manifestantes a nivel nacional en pedir la renuncia de Morales, se produjeron en ejercicio legítimo de su libertad de expresión y reunión, en un contexto en que el gobierno de turno, con 14 años en el poder, había cometido un fraude electoral certificado internacionalmente.

El calvario judicial que sufre el gobernador Camacho y la avalancha de detenciones preventivas no es algo nuevo en la política nacional. En concreto, el régimen del MAS lleva más de 16 años utilizando al sistema judicial como un instrumento de represión contra opositores: el actual presidente de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, pasó 10 años en la cárcel sin sentencia, entre 2010 y 2010, y José María Bakovic estuvo encarcelado y bajo acoso judicial por 8 años hasta que murió enfrentando 76 juicios, entre otros presos políticos. El MAS también ha tomado represalias contra los críticos de su propio partido, como Marco Aramayo, ex director del Fondo Indígena, quien fue sometido a más de 250 procesos (algo inaudito en América) por denunciar la corrupción del oficialista MAS, hasta que murió en abril de 2022 luego de pasar 7 en la cárcel sin sentencia.

Hoy, la vida y la seguridad del gobernador Camacho corren un peligro inminente en Chonchocoro tanto por las condiciones generales de violencia típicas de dicha prisión, como por los peligros específicos que le acarrea el ser reconocido como líder principal de Santa Cruz, en la prisión donde más presos de Santa Cruz han sido asesinados. Camacho también ha perdido más de 20 kilogramos de peso y presenta un evidente deterioro físico a causa de que padece una enfermedad de base que ha sido exacerbada por el trato cruel, inhumano y degradante que ha sufrido durante su presidio. El régimen de Arce ha obstaculizado su acceso a las medicinas y a un tratamiento médico adecuado, y tampoco se le permite recibir la luz del sol ni realizar ejercicios físicos, tal como han solicitado sus abogados en reiteradas ocasiones.

Asimismo, grupos de choque de partidarios del Gobierno se han instalado, en los alrededores de Chonchocoro, para realizar “vigilias” y cavar zanjas sobre la carretera a objeto de hostigar, amenazar, golpear y dificultar el ingreso de médicos, familiares y abogados. Por otro lado, Camacho y su esposa han sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, a través de la instalación de una cámara espía en su celda con el fin de ejercer una tortura psicológica y denigrar su dignidad. En una muestra de abuso descarado, una diputada del MAS justificó la existencia de la cámara para tareas de espionaje al declarar: “La cámara va a evidenciar y será una prueba de todos los privilegios que goza este señor”.

Ya en mayo de 2022, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU calificó el delito de “terrorismo” en la legislación boliviana como un “tipo penal ambiguo” que genera “preocupación”. Asimismo, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) – Bolivia, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado en julio de 2021, recomendó “adecuar” el tipo penal “vago y abstracto” de terrorismo (que, según el GIEI, genera la “indebida criminalización” de la conducta de “subvertir el orden constitucional”) “al principio de legalidad y a los estándares internacionales” porque observó su “uso arbitrario” al ser parte de un “patrón de uso político de la legislación penal”.

El encarcelamiento de Camacho, junto a casi 200 presos políticos de Bolivia, representa un grave abuso de poder, y ratifica el carácter autoritario del régimen del MAS.

Inspirados en las obligaciones que emanan de la Carta Democrática Interamericana, los jefes de Estado democráticos en América Latina, así como las organizaciones internacionales dedicadas a la promoción de los derechos humanos en la región, deben presionar al gobierno boliviano para que libere a todos los presos políticos de inmediato.

* Javier El-Hage es el director jurídico de la Human Rights Foundation, una organización con sede en Nueva York, y Luis Yañez es abogado experto en Derecho Constitucional en Bolivia. Ambos son representantes legales de Camacho ante organismos internacionales de derechos humanos.