En diciembre del 2022, la Unión Europea (UE) acordó una nueva ley que prohibiría la importación de productos vinculados con la deforestación. De implementarse esta regulación, los productos como el café, el chocolate y algunos muebles de madera deberán pasar estrictos controles para garantizar que ni los bosques ni los ecosistemas hayan sido dañados.

El alcance de esta norma también aplica para el aceite de palma, el ganado, la soya, y el caucho que se exportan a la UE. El reglamento, que se espera que entre en vigor a mediados del 2023, establece que las empresas no podrán vender en la UE los productos producidos en terrenos despejados después del 2020. Para ello, las empresas deberán demostrar que sus productos se producen de manera legal y ambientalmente responsable.

¿Cómo nace esta iniciativa?

Según Global Forest Watch, plataforma en línea que proporciona datos y herramientas para el monitoreo de bosques, estas áreas están desapareciendo a un ritmo extraordinario y persistente. Solo en el 2021, el mundo perdió 3.75 millones de hectáreas de selvas tropicales primarias, áreas de importancia crítica para el almacenamiento de carbono y la biodiversidad, equivalentes a diez campos de fútbol por minuto. Si bien existe una pérdida de bosques, un estudio de 2019 publicado en la prestigiosa revista Nature Sustainability por Chen et al. sostiene que también ha habido un substancial incremento en áreas verdes principalmente liderado por China e India principalmente debido al efecto de la fertilización por dióxido de carbono (CO2). No obstante, vale la pena aclarar que un incremento en vegetación y bosques no necesariamente viene acompañado con restauración de ecosistemas o recuperación de especies vegetales milenarias o endémicas.

Sin embargo, volviendo al tema de la deforestación, la UE sostiene que su regulación prohibirá la importación de los llamados productos básicos de riesgo forestal que se utilizan en miles de bienes de consumo, desde hamburguesas hasta barras de chocolate, carbón vegetal, papel y una amplia gama de productos derivados. No obstante, si una empresa puede demostrar los orígenes de sus productos mediante datos de geolocalización, podrá acceder a este mercado tan apetecido, tanto por el número de consumidores como por su poder adquisitivo.

¿Hacia dónde va esta iniciativa?

A partir del 2026, la ley en mención podría incorporar otros ecosistemas con alto valor de biodiversidad y alto contenido de acumulación de carbono. De igual modo, se espera que esta norma aplique a las instituciones financieras internacionales europeas, que alcanzaron acuerdos por un valor de USD 34 700 millones con veinte empresas acusadas de deforestación entre el 2016 y el 2020, según investigaciones de la ONG Global Witness.

Según expertos ambientalistas, si China, India, EE. UU. y Japón tomaran la iniciativa legal de la UE, casi el 75 % de la deforestación importada del mundo podría eliminarse en pocos años. En similar tenor, un artículo recientemente publicado por la BBC refiere que, en una evaluación de impacto de la Comisión Europea, se estimó que la nueva ley protegería al menos 71 920 hectáreas, es decir, 278 millas cuadradas, de bosque por año, que equivale a un aproximado de 100 000 campos de fútbol. También se reducirían las emisiones globales anuales de carbono en 31.9 millones de toneladas métricas por año, considerando la idea del cambio climático de corte antropogénico.

El Consejo Europeo, cuyos estados miembros acuerdan este tipo de políticas, y el Parlamento Europeo, que ratifica estos acuerdos, son las instancias encargadas de impulsar las regulaciones. Los representantes de la Comisión Europea indican que la ley entrará en vigor veinte días después de que se acepte de manera formal, lo que se espera que suceda en el primer trimestre del 2024.

Una vez que se convierta en ley, los operadores y comercializadores tendrán 18 meses para adherirse a las nuevas regulaciones. Las empresas más pequeñas tendrán 24 meses para adaptarse. En ambos casos, toda empresa que desee exportar los productos antes señalados deberá demostrar que sus productos no son el resultado de tierras deforestadas después de diciembre del 2020. Es necesario mencionar que el cambio de ley tendría poco o ningún impacto en los precios para los consumidores.

Alcances de la regulación

La nueva regulación implicaría un proceso de evaluación comparativa que determinará si las regiones exportadoras de productos básicos tienen un riesgo de deforestación alto, estándar o bajo. Los productos de regiones de mayor riesgo requerirán procedimientos de diligencia debida (due diligence) más estrictos.

Se sabe que países tropicales como Brasil e Indonesia tienen una variedad de riesgos de deforestación. En el caso de Brasil, El Cerrado, que es una vasta región de sabana tropical en el este, tiene protecciones legales y voluntarias menos estrictas que la selva amazónica. Como resultado, la mayor parte de la deforestación para la soya tiene lugar ahí. Una única calificación de riesgo a escala de país podría enmascarar estas variaciones y no distinguir entre regiones de mayor y menor riesgo.

Las empresas que obtienen productos de regiones con mayor riesgo de deforestación deben ser capaces de rastrear el origen de sus productos hasta granjas individuales para cumplir con la nueva regulación de la UE. Sin embargo, en el caso de cultivos como el cacao existen muchas fincas pequeñas y mercados informales donde este enfoque es costoso y, a menudo, no es factible.

Se puede alentar a las empresas a eliminar las pequeñas granjas de sus cadenas de suministro o comprar de manera directa tierras para la producción. Rastrear los productos hasta las aldeas o bosques específicos sería una opción más justa y práctica. Al respecto, la organización holandesa IDH Sustainable Trade Initiative aplica esta idea a través de su plataforma Sourceup. En ella, se destacan las regiones productoras cuyos productos básicos cumplen con criterios específicos de sostenibilidad. La contribución de estos enfoques a la reducción de la deforestación dependerá de cómo las empresas los integren en sus cadenas de suministro.

Críticas y cuestionamientos a la nueva ley

Algunos ambientalistas no están de acuerdo del todo con esta normativa, pues afirman que el sistema será asequible para los productores de gran escala, pero muy difícil de rentabilizar para los pequeños, que suelen carecer de capital, fuerza laboral y entrenamiento para cambiar de una agricultura de tala y quema a prácticas más amigables con los bosques.

Asimismo, indican que la norma no incluye la protección de los derechos territoriales indígenas ni locales. Por ello, su sistema de detección con geolocalización de parcelas dejaría fuera a los pequeños productores. La UE es el segundo mayor socio comercial de Brasil y México, y el tercero de Argentina, Colombia y Perú. En el caso de este último, la ley tendría efectos múltiples.

¿Cómo afectaría esta ley al Perú?

Nuestro país inicia el 2023 con un Gobierno de transición y nuevas autoridades regionales, en medio de una crisis sociopolítica. En ese contexto, los proyectos para modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial se mantienen en debate y en la agenda del Congreso.

Diversos ambientalistas locales califican estos proyectos de ley como nefastos y destructivos para los bosques, además de ir en contra de los pueblos indígenas. Asimismo, diversos especialistas en la materia aseguran que la regulación de la UE será insuficiente para detener la deforestación global. Si bien estos pasos maximizarían el impacto de la regulación y evitarían consecuencias no deseadas en los pequeños agricultores, se necesitarán más esfuerzos, respaldados por nuevas investigaciones, que consideren la variable de la colaboración internacional para esta transición en todos los sectores. Ello con miras a lograr un progreso genuinamente transformador no solo para la protección del medioambiente, sino para la calidad de vida y las condiciones laborales de los productores rurales de nuestro país.

Ahora bien, esta norma podría evitar que las cadenas de suministro global causen estragos en el entorno y ecosistemas. Sin embargo, es crucial garantizar la regulación en muchos otros aspectos ya mencionados, considerando las falencias financieras, tecnológicas y de falta de capacitación que caracterizan a nuestra agricultura mayoritariamente familiar y con un hectareaje menor a 2 ha.

Lo más importante es no quedarse solo en la intención de la nueva norma, sino definir cómo apoyar al agro nacional para volverlo más competitivo, productivo y eficiente a lo largo de toda la cadena de valor nacional, sin burocracia, ideologías, politiquería ni populismos. Los agricultores y negocios familiares del Perú necesitan soluciones mediante un acompañamiento planificado de manera realista y con métricas puntuales.