
Las naciones prosperan cuando la iniciativa, inventiva, creatividad y competencia, unidas a los capitales privados, consiguen elevar la productividad de los factores, mientras los estados se abocan al desarrollo de la infraestructura necesaria para dar competitividad a la producción de sus países.
En el Perú tenemos un déficit de infraestructura del orden de S/ 480,000 MM, brecha que nos resta competitividad, pero a la vez nos otorga la oportunidad de generar los miles de empleos que se requieren en este momento. Sin embargo, los presupuestos de inversiones en las entidades públicas no se terminan de ejecutar, las obras se abandonan o paralizan por años, mientras autoridades de todo nivel desfilan por los juzgados para oír documentadas acusaciones de fiscalías anticorrupción o sentencias en su contra.
La contratación pública no funciona. La mala calidad de expedientes técnicos, la ausencia de dispositivos que permitan expropiaciones y soluciones de interferencias en tiempos razonables, el exceso de conflictividad y carencia de mecanismos de resolución de controversias durante la ejecución de las obras, son algunas de las ineficiencias que nos han llevado a la permanente baja ejecución de inversión pública. El poco impulso otorgado hasta ahora al Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y los límites innecesarios impuestos a la tercerización laboral, tampoco ayudan, haciendo evidente que no se está haciendo lo correcto desde el Estado. Es necesario cambiar mecanismos obsoletos por otros que garanticen integridad, agilidad en los procesos de selección y continuidad en la ejecución de las obras. Requerimos un nuevo sistema que otorgue: peso a la calidad de los expedientes técnicos de los proyectos; predictibilidad en tiempos; y transparencia en la adjudicación, evitando así interminables conflictos. Una buena Ley puede poner candados a la corrupción sin quitar diligencia a los procesos. Capeco ha hecho las propuestas necesarias.
Asimismo, hay que retomar las Asociaciones Público Privadas (APP) que han sido exitosas en la gran mayoría de casos, al margen de los proyectos donde han quedado evidenciados actos de corrupción que le han hecho mucho daño a este modelo de desarrollo de infraestructura. Para que la ciudadanía retome la confianza en los proyectos por APP, estos deben ser absolutamente transparentes y guardar una lógica elemental en su ejecución y operación, cosa que no está sucediendo en el caso de la operación del Aeropuerto Jorge Chávez y la ampliación de su terminal. De la misma forma, hay que reimpulsar el modelo de Obras por Impuestos que ha perdido mucha dinámica durante los últimos años.
Por el lado privado, las inversiones presentan proyecciones a la baja, explicadas por la crisis económica internacional, a la que se suma la aguda y creciente crisis política. La elevación de los precios de los combustibles y más aún de los materiales de construcción tampoco abonan en favor de buenas perspectivas para el sector. La industria inmobiliaria incorpora a los problemas señalados: la subida en las tasas de interés para créditos hipotecarios, la falta de partidas presupuestales para subsidios, la ausencia de una política de crédito para las familias de menores recursos y la cada vez más tangible falta de suelo urbano, en mérito a la victoria aplastante del tráfico de tierras e informalidad por sobre el desarrollo formal. La edificación de las viviendas no pasará por situaciones distintas si no implementamos políticas agresivas que permitan incrementar la oferta y viabilizar la importante demanda que existe. La experiencia acumulada nos permite conocer lo que funciona y lo que hay que cambiar. En el sector siempre estamos dispuestos a aportar para que la industria de la construcción y desarrollo de vivienda se conviertan en el motor de la economía y el empleo; la ruta la conocemos todos, únicamente falta decisión política.

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