Cinco años después del asesinato del expresidente Jovenel Moïse, Haití sigue sin justicia ni avances en la investigación judicial

Cinco años después del asesinato de Jovenel Moïse, la investigación judicial en Haití sigue estancada, sin avances significativos ni un juicio en curso. La causa, atravesada por cambios de jueces de instrucción, dimisiones, amenazas y decisiones contradictorias, expuso la crisis institucional que el país arrastra desde la madrugada del 7 de julio de 2021, cuando un comando armado irrumpió en la residencia privada del presidente, en Puerto Príncipe, y lo asesinó. Martine Moïse, su esposa, resultó herida durante el ataque.

La investigación local quedó lejos del ritmo que marcaron las autoridades de Estados Unidos, donde ya condenaron a nueve implicados por conspirar para secuestrar y asesinar al mandatario.

En Haití, en cambio, el proceso judicial se trabó en una fase de investigación complementaria ordenada en octubre de 2025 por la Corte de Apelación de Puerto Príncipe, que consideró insuficiente la instrucción y remitió el expediente al juez Jean Denis Cyprien. Desde entonces, el magistrado interrogó a exfuncionarios del gobierno de Moïse y a responsables políticos y sociales, además de ordenar nuevas medidas para ampliar las pesquisas y buscar pruebas que permitan avanzar hacia el esclarecimiento del crimen.

El magnicidio, ejecutado por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos y estadounidenses, contó con la complicidad de agentes de seguridad del Palacio Nacional y se planificó desde el sur de Florida. La operación, originalmente presentada como un arresto legal con supuesto respaldo de agencias estadounidenses, terminó en asesinato tras fallidos intentos de captura. Algunos de los implicados estuvieron vinculados previamente como informantes del FBI y la DEA.

La Corte de Apelación de Puerto Príncipe ordenó profundizar la búsqueda de los autores intelectuales, identificar las fuentes de financiamiento del asesinato y obtener registros telefónicos de los meses cercanos al crimen. El tribunal rechazó las solicitudes de libertad de varios detenidos, entre ellos 17 colombianos procesados, y mantuvo bajo prisión a los principales acusados.

A comienzos de 2024, el entonces juez instructor Walther Wesser Voltaire procesó a unas 50 personas, incluida la ex primera dama Martine Moïse, el expresidente Michel Martelly y el ex primer ministro Claude Joseph, aunque meses después la Corte anuló esa resolución al considerar que la investigación debía profundizarse.

El estancamiento judicial coincidió con el agravamiento de la crisis institucional. Desde hace una década, Haití no celebra elecciones generales y, tras la muerte de Moïse, el país quedó sin presidente, Parlamento ni Senado electos por voto popular.

Las bandas armadas controlan cerca del 75 % del área metropolitana de Puerto Príncipe y más de 1,5 millones de personas fueron desplazadas por la violencia, lo que agravó la emergencia humanitaria y dificultó cualquier posibilidad de organizar elecciones que restablezcan el orden constitucional.

Jovenel Moïse, que en su discurso de victoria en 2016 apeló a la juventud y a los profesionales haitianos para “levantar al país”, dejó una nación más polarizada y empobrecida que nunca. Nacido en una familia humilde del noreste del país, se destacó como empresario agrícola antes de llegar a la presidencia impulsado por el expresidente Michel Martelly.

Su mandato estuvo marcado por protestas, denuncias de corrupción y una creciente desconfianza hacia las instituciones, que culminaron en la suspensión de las elecciones parlamentarias y el gobierno por decreto. El magnicidio profundizó una crisis política, social y de seguridad que el país todavía no logra superar.

(Con información de EFE)