La Corte Penal Internacional inició el lunes las audiencias previas al juicio para el ex presidente filipino Rodrigo Duterte, quien enfrenta tres cargos de crímenes contra la humanidad por las letales medidas represivas antidrogas que supervisó mientras estaba en el cargo.
Duterte, de 80 años, no estuvo en el tribunal de La Haya, tras haber renunciado a su derecho a comparecer mientras los fiscales comenzaban a presentar pruebas para respaldar sus cargos de su presunta participación en docenas de asesinatos como parte de su llamada guerra contra las drogas.
Los cargos datan de la época de Duterte como alcalde de la ciudad de Davao, en el sur de Filipinas, y posteriormente como presidente, e incluyen docenas de asesinatos como parte de su llamada guerra contra las drogas.
Duterte ha calificado los cargos contra él como una “mentira escandalosa”.
La audiencia de La Haya no es un juicio, sino que permite a los fiscales presentar sus argumentos ante el tribunal. Tras evaluar las pruebas, los jueces disponen de 60 días para decidir si confirman o no los cargos.
El mes pasado, los jueces determinaron que el octogenario estaba en condiciones de ser juzgado, tras posponer una audiencia anterior por preocupaciones sobre su salud.
Grupos de derechos humanos y familiares de víctimas elogiaron el arresto de Duterte en marzo, diciendo que era un paso adelante hacia la justicia.
“Hemos esperado esto durante tanto tiempo, durante años, pero no cejamos”, declaró Llore Pasco a los periodistas en una conferencia de prensa previa a la audiencia. Añadió que sus dos hijos se fueron a trabajar en mayo de 2017 y nunca regresaron. Sus cuerpos fueron encontrados posteriormente acribillados a balazos.
Los partidarios de Duterte criticaron al gobierno del actual presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., rival político de Duterte, por arrestar y entregar al ex líder a un tribunal cuya jurisdicción disputan. Entre sus detractores se encuentra su hija, la actual vicepresidenta filipina Sara Duterte, quien anunció la semana pasada que se presentará a la presidencia en las elecciones de 2028.
Sheerah Escudero está preocupada por lo que sucederá si otro Duterte llega al poder. El cuerpo de su hermano de 18 años fue encontrado envuelto en cinta adhesiva en 2017. “Sabemos que la misma política de asesinatos continuará”, declaró a la prensa antes de la audiencia del lunes.
Los fiscales de la CPI anunciaron en febrero de 2018 la apertura de una investigación preliminar sobre la violenta represión antidrogas. En una medida que, según activistas de derechos humanos, buscaba eludir la rendición de cuentas, Duterte, entonces presidente, anunció un mes después que Filipinas abandonaría la corte.
Los jueces rechazaron una solicitud del equipo legal de Duterte para desestimar el caso, argumentando que el tribunal carecía de jurisdicción debido a la retirada de Filipinas. Los países no pueden abusar de su derecho a retirarse del Estatuto de Roma, el cual rige la corte, “protegiendo a personas de la justicia en relación con presuntos delitos que ya se están considerando”, establece la decisión de septiembre.
Esta decisión aún está pendiente de apelación.
Las estimaciones del número de muertos durante el mandato presidencial de Duterte varían: desde los más de 6.000 que ha informado la policía nacional hasta los 30.000 que afirman grupos de derechos humanos.
(con información de AP)
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