Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron este jueves designar a los Guardianes de la Revolución de Irán como “organización terrorista” tras la represión de las protestas nacionales en ese país, según informó la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas. Con esta decisión, la UE coloca al cuerpo militar iraní en la misma categoría que Estado Islámico, Al Qaeda y Hamas, sumándose a la postura adoptada previamente por Estados Unidos, Canadá y Australia.
Kallas declaró que “cualquier régimen que mata a miles de sus propios ciudadanos trabaja hacia su propia desaparición”, en referencia a la represión que ha dejado, de acuerdo a activistas, al menos 6.373 muertos en las últimas semanas, entre ellos más de 5.900 manifestantes y más de 40 mil detenidos. La violencia, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, incluye también 113 menores de edad y 53 civiles ajenos a las movilizaciones.
La decisión fue adoptada por unanimidad y supone un giro simbólico en la política europea hacia Teherán, que hasta hace poco encontraba resistencia en países como Francia e Italia, preocupados por la seguridad de sus ciudadanos en Irán y la continuidad de las relaciones diplomáticas. Finalmente, ambos países respaldaron la medida, que fue calificada por la subdirectora del German Marshall Fund, Kristina Kausch, como un “acto simbólico” que ilustra el fin del intento de diálogo y el paso hacia el aislamiento y la contención.
La inclusión de los Guardianes en la lista negra implica la prohibición de entrada al territorio de la UE y la congelación de activos para 21 personas y entidades iraníes, incluidos altos mandos militares como el ministro del Interior, Eskandar Momeni, y el jefe de la policía. Además, la UE sancionó a seis organizaciones, entre ellas algunas dedicadas a la supervisión de contenidos en línea, en un contexto de restricción de las comunicaciones que ha dificultado el acceso a información independiente sobre la represión.
Los Guardianes de la Revolución, creados tras la revolución islámica de 1979, operan en paralelo a las fuerzas armadas regulares y controlan parte considerable de la economía y los programas de misiles balísticos y nucleares de Irán. La fuerza Basij, estructura interna del cuerpo, habría sido clave para sofocar las protestas, especialmente desde el 8 de enero, fecha en que se cortó el acceso a internet en la nación de 85 millones de habitantes. Videos difundidos por canales alternativos muestran a efectivos disparando y golpeando a manifestantes.
Las sanciones, aunque consideradas principalmente simbólicas, incrementan la presión internacional sobre la República Islámica, que enfrenta la amenaza de una posible acción militar estadounidense. El presidente Donald Trump ordenó el traslado del portaaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores con misiles guiados al Medio Oriente tras los sucesos, mientras Irán advirtió con tomar represalias y realizar ejercicios militares con fuego real en el Estrecho de Ormuz, ruta por la que transita el 20% del petróleo mundial.
El cuerpo diplomático europeo aseguró que, pese a la decisión, los canales de comunicación con Irán “seguirán abiertos”. El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, afirmó que no puede haber impunidad por los crímenes cometidos y que las sanciones buscan responder a la “insoportable represión” que ha envuelto a la revuelta pacífica en Irán.
En el contexto interno, la moneda iraní cayó a un mínimo histórico de 1,6 millones de riales por dólar, reflejando la gravedad de la crisis económica que alimentó las protestas. El alcalde de Teherán anunció planes para construir refugios antiaéreos e instalar sirenas de ataque aéreo, mientras el líder opositor Mir Hossein Mousavi reiteró su llamado a un referéndum constitucional para cambiar el gobierno.
(Con información de AFP, Reuters y AP)
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