Estados Unidos anunció este lunes un compromiso de 2.000 millones de dólares para financiar programas de ayuda humanitaria de Naciones Unidas en 2026, en un acuerdo que llega tras un año de recortes a la asistencia exterior y en medio de fuertes presiones de la Administración de Donald Trump para reformar el sistema humanitario internacional.
El memorando de entendimiento fue firmado en Ginebra entre el Departamento de Estado y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), y establece la creación de un fondo general desde el cual se canalizarán los recursos estadounidenses hacia distintas agencias y crisis, en lugar del esquema previo de contribuciones dispersas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió el nuevo modelo como una forma de “compartir mejor la carga” entre los países desarrollados y de obligar a Naciones Unidas a reducir duplicaciones, estructuras sobredimensionadas y mecanismos que Washington considera ineficientes. Según el Departamento de Estado, el cambio permitiría ahorrar cerca de 1.900 millones de dólares frente a modelos de financiación anteriores.
El subsecretario estadounidense de Asuntos Humanitarios, Jeremy Lewin, sostuvo que el sistema vigente hasta ahora era “insostenible” y afirmó que las agencias de la ONU deberán “adaptarse, reducirse o desaparecer” en un contexto de restricciones presupuestarias. Funcionarios estadounidenses subrayan que la “alcancía” ya no estará abierta para regresar al esquema previo.
La cifra anunciada contrasta con los niveles históricos de financiación de Washington. Según datos de Naciones Unidas, Estados Unidos llegó a aportar hasta 17.000 millones de dólares anuales para programas humanitarios respaldados por la ONU en los últimos años, aunque solo entre 8.000 y 10.000 millones correspondían a contribuciones voluntarias, a lo que se suman las cuotas obligatorias por su pertenencia a la organización.
El acuerdo se produce en un momento especialmente delicado para el sistema humanitario. Para 2026, la OCHA ha solicitado 23.000 millones de dólares para atender emergencias globales, una reducción significativa frente a los 47.000 millones pedidos en 2025, de los cuales solo se recaudó alrededor del 30 %, en gran parte debido a los recortes de grandes donantes occidentales.
El coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, calificó la contribución estadounidense como “histórica” en el contexto actual y subrayó que permitirá financiar 17 programas de emergencia con el objetivo de llegar a unas 87 millones de personas en crisis. Fletcher reconoció que Naciones Unidas está priorizando la eliminación de duplicidades y el refuerzo de los mecanismos de control y rendición de cuentas exigidos por los donantes.
La reconfiguración de la ayuda tendrá un impacto directo en agencias clave como el Programa Mundial de Alimentos, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, que ya han recibido miles de millones de dólares menos que bajo la Administración anterior de Joe Biden o incluso durante el primer mandato de Trump. Otras potencias donantes, como Reino Unido, Francia, Alemania y Japón, también han reducido sus aportes en el último año.
Según los términos preliminares, el nuevo fondo priorizará 17 países, entre ellos Bangladesh, República Democrática del Congo, Haití, Siria y Ucrania. Quedaron fuera Afganistán y Yemen, por preocupaciones de Washington sobre la posible desviación de fondos hacia los talibanes y los rebeldes hutíes, así como los territorios palestinos, que Estados Unidos vincula a un plan específico para Gaza aún no definido.
La decisión se inscribe en la estrategia más amplia del presidente Donald Trump, quien desde su regreso al poder en enero de 2025 ha impulsado recortes a la ayuda exterior y promovido una revisión del papel de Naciones Unidas, a la que acusa de haberse alejado de su mandato original y de tolerar ineficiencias y sesgos políticos.
En paralelo, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha advertido públicamente que la reducción sostenida de la ayuda internacional puede tener “consecuencias devastadoras” en un contexto de aumento de conflictos armados, hambrunas —como las registradas este año en Sudán y Gaza— y desastres climáticos que han multiplicado las necesidades humanitarias en todo el mundo.
El nuevo acuerdo deja en evidencia el choque entre la lógica de austeridad y condicionalidad defendida por Washington y la magnitud creciente de las crisis humanitarias globales, en un escenario en el que la ONU se ve forzada a reformarse para sostener su capacidad de respuesta con recursos cada vez más limitados.
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