
Las autoridades talibanes en Afganistán aplicaron este martes castigos corporales en Kabul, donde cuatro personas fueron flageladas públicamente tras ser condenadas por “adulterio”, según confirmó el Tribunal Supremo afgano.
En un comunicado publicado en su cuenta en la red social X, el máximo órgano judicial informó que “cuatro personas, incluidas dos mujeres, acusadas de adulterio, han sido condenadas a penas de prisión de entre uno y dos años y a entre 25 y 30 latigazos”. Los castigos se llevaron a cabo luego de que las sentencias fueran ratificadas por el propio Tribunal Supremo.
El episodio se produjo apenas un día después de otra flagelación pública en la capital afgana. Este lunes, las autoridades talibanes azotaron en público a once personas condenadas por delitos vinculados al tráfico de drogas y alcohol.
En ese caso, el Tribunal Supremo afgano indicó que los acusados fueron sentenciados por “contrabando y venta de pastillas intoxicantes (...) y metanfetamina, bebidas alcohólicas y hachís”. El organismo precisó que los condenados deberán cumplir penas de prisión de entre siete meses y tres años, y que cada uno de ellos recibió entre 10 y 39 latigazos.

Las flagelaciones públicas forman parte del endurecimiento del sistema judicial impuesto por los talibán desde su regreso al poder en agosto de 2021, una política que ha sido reiteradamente cuestionada por la comunidad internacional y por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En ese sentido, Naciones Unidas ha criticado en reiteradas ocasiones a las autoridades de facto por la aplicación de castigos corporales y ejecuciones públicas. El organismo ha reclamado la imposición de una moratoria como primer paso hacia la abolición de este tipo de penas.
Un reciente informe del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, advirtió que la inmensa mayoría de las personas castigadas bajo el régimen talibán son hombres (81 %), sancionados por delitos como robo, tráfico de drogas, venta de alcohol, asesinato y otros “actos inmorales” no definidos. Sin embargo, el documento subraya que las mujeres y las niñas son castigadas principalmente por supuestos “delitos morales”, entre ellos el adulterio y la fuga del hogar.

Bennett alertó además que las ejecuciones y flagelaciones públicas “suelen llevarse a cabo en lugares como plazas, estadios y mercados” y que, en muchos casos, las autoridades obligan a los residentes locales a presenciar los castigos como parte de una estrategia para “infundir miedo y reforzar el dominio talibán”.
Según el informe, los funcionarios de facto “prohíben que se hagan filmaciones y confiscan sistemáticamente los teléfonos móviles”, con el objetivo de impedir la difusión de pruebas visuales y limitar el escrutinio público e internacional.
En paralelo, una investigación citada por el medio británico The Guardian indicó que más de 1.000 personas —al menos 200 de ellas mujeres— fueron sometidas a flagelaciones públicas desde el regreso de los talibán al poder hace cuatro años, aunque el diario advierte que la cifra real podría ser considerablemente mayor.
Entre las personas castigadas figuran mujeres acusadas de los llamados “crímenes morales”, una categoría amplia que incluye desde salir de sus hogares sin la compañía de un familiar varón cercano que actúe como mahram (tutor o guardián), hasta ser vistas conversando con hombres con los que no tienen parentesco.
(Con información de Europa Press)
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