La Asamblea Nacional francesa aprobó este jueves por unanimidad dos leyes de alto contenido simbólico destinadas a rehabilitar a colectivos perseguidos por el Estado durante buena parte del siglo XX: las mujeres condenadas por abortar antes de la despenalización de 1975 y los homosexuales sancionados penalmente entre 1942 y 1982. La votación, inusual por su consenso en una Cámara marcada por la polarización política, busca cerrar capítulos oscuros de la historia legislativa francesa y fijar una posición institucional frente a derechos que hoy forman parte del consenso democrático.
La ley relativa al aborto reconoce la injusticia sufrida por más de 11.600 mujeres condenadas entre 1870 y 1975 por interrumpir su embarazo o ayudar a hacerlo, según cifras oficiales. El texto no contempla indemnizaciones económicas, pero establece la creación de una comisión encargada de preservar y transmitir la memoria de quienes recurrieron a abortos clandestinos y de quienes las asistieron, muchas veces a riesgo de su propia libertad o de su vida.
Durante el debate parlamentario, la ministra de Igualdad, Aurore Bergé, calificó la norma como “un acto de justicia” y subrayó su dimensión preventiva en un contexto internacional que, según dijo, muestra retrocesos en los derechos reproductivos. Bergé evocó además el aborto al que fue sometida su madre, un gesto que dio un tono personal a una discusión de alcance histórico.
Entre 1870 y la aprobación de la ley impulsada en 1975 por Simone Veil, entonces ministra de Sanidad, Francia aplicó una legislación que penalizaba severamente el aborto. El reconocimiento aprobado ahora admite que esas normas condujeron no solo a condenas judiciales, sino también a muertes y graves secuelas de salud derivadas de prácticas clandestinas.
La votación se produjo en un contexto político marcado por el refuerzo constitucional del derecho al aborto. En marzo de 2024, Francia se convirtió en el primer país del mundo en inscribir la “libertad garantizada” de abortar en su Constitución, con un amplio respaldo social y político. Ese mismo año se practicaron alrededor de 260.000 abortos en el país, según datos oficiales.
Las asociaciones feministas celebraron la ley como un “progreso histórico”, aunque sectores de la izquierda y del ecologismo lamentaron la ausencia de compensaciones económicas para las afectadas. El Gobierno no descartó que en el futuro puedan explorarse mecanismos de reparación material.
La segunda ley aprobada aborda la rehabilitación de los homosexuales condenados por disposiciones penales discriminatorias vigentes entre 1942 y 1982. El texto reconoce que Francia mantuvo, incluso después de la liberación del régimen de Vichy, normas heredadas de ese período que fijaban una edad de consentimiento sexual más alta para las relaciones homosexuales que para las heterosexuales.
Según estimaciones parlamentarias, unas 10.000 personas fueron condenadas por esa diferencia de edad, mientras que alrededor de 40.000 homosexuales fueron perseguidos por el delito de “ultraje al orden público”, que se aplicaba con mayor severidad cuando involucraba relaciones entre personas del mismo sexo.
A diferencia de la ley sobre el aborto, esta norma sí prevé indemnizaciones económicas, aunque el texto deberá ser armonizado con el Senado. Las diferencias entre ambas cámaras se centran tanto en el período exacto que debe abarcar la rehabilitación como en el monto de las compensaciones, fijadas provisionalmente en algo menos de 10.000 euros, más una suma diaria por cada jornada de detención.
La aprobación simultánea de ambas leyes refuerza el carácter simbólico de la iniciativa y busca subrayar una lectura común: la responsabilidad del Estado en la persecución legal de conductas hoy reconocidas como derechos. La presencia en la tribuna de Claudine Montiel, firmante del “Manifiesto de las 343” mujeres que en 1971 admitieron públicamente haber abortado, aportó una dimensión histórica al debate.
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