La activista y Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi inició una huelga de hambre en la prisión de Mashhad para denunciar las condiciones de su detención en Irán, tras ser arrestada el 12 de diciembre durante un acto en memoria del abogado Khosrow Alikordi.
La fundación que lleva su nombre, dirigida por su familia en París, informó que la protesta responde a una detención considerada ilegal, a la incomunicación con allegados y abogados, y a la presión de las fuerzas de seguridad.
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Desde su arresto, Mohammadi solo mantuvo una breve llamada telefónica con su hermano y sus familiares han sido amenazados para no difundir información sobre su situación.
Por su parte, Ali Rahmani, hijo de la activista, expresó preocupación por la salud de su madre y de otros presos políticos: “Lo que está sucediendo en nuestro país es un crimen contra la humanidad”, afirmó.
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La abogada Chirinne Ardakani, representante de la familia, señaló que Mohammadi permanece en aislamiento y que la última comunicación familiar fue el 14 de diciembre.
Las autoridades de Mashhad detuvieron a Mohammadi junto a unas 40 personas en el homenaje a Alikordi, abogado fallecido en circunstancias poco claras. La activista había recibido una breve libertad provisional en diciembre de 2024 por razones médicas, tras la aprobación de la Fiscalía de Teherán.
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El delicado estado de salud de Mohammadi ha motivado reclamos internacionales. CNN informó que padece antecedentes de infartos, hipertensión y problemas de columna, y fue sometida a cirugías de urgencia.
La fundación de Narges Mohammadi informó en su cuenta oficial en X que tanto la familia de la activista como otros detenidos han sido víctimas de golpes, insultos y agresiones verbales desde el momento del arresto. Varios medios señalaron que las fuerzas de seguridad actuaron con violencia durante la detención, en medio de un clima de represión contra los asistentes al acto en memoria del abogado Khosrow Alikordi.
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La activista acumula condenas que suman 31 años de prisión, principalmente por su papel en protestas contra el código de vestimenta obligatorio. Las sentencias alcanzan los 36 años, por cargos como atentar contra la seguridad nacional y difundir propaganda. La fundación la considera prisionera política.
Por otro lado, Taghi Rahmani, esposo de la activista, advirtió que la familia teme que, si es liberada, ella reanudará su labor.
La Fundación Narges Mohammadi pidió a la comunidad internacional y a organizaciones de derechos humanos intervenir para proteger a los presos políticos en Irán. En su comunicado, reclamó acciones concretas ante la urgencia de la situación.
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La huelga de hambre actual se suma a protestas previas motivadas por la negativa de las autoridades a concederle derechos básicos como llamadas y visitas. La fundación subrayó que la única llamada permitida fue el 14 de diciembre y, desde entonces, la incomunicación ha sido total.
(Con información de Europa Press y CNN)
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