La junta militar que actualmente gobierna Burkina Faso ha presentado un proyecto de ley para reintroducir la pena de muerte en el país, focalizada en delitos como la alta traición, el terrorismo y el espionaje.
El anuncio se realizó tras una reunión del Consejo de Ministros y constituye uno de los principales cambios jurídicos impulsados por el Gobierno de transición, encabezado por el capitán Ibrahim Traoré.
El ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, indicó que la iniciativa forma parte de una reforma global del sistema judicial, con el objetivo de atender “profundas aspiraciones del pueblo” de Burkina Faso, de acuerdo con los canales oficiales del Ejecutivo.
La propuesta plantea modificar el Código Penal actual, que desde 2018 excluía la pena capital entre sus sanciones.
Sin embargo, la entrada en vigor dependerá de la aprobación de la Asamblea Legislativa de Transición, que reemplazó a la Asamblea Nacional después del golpe de Estado de 2022. Según un informe de Human Rights Watch, la última ejecución en el país ocurrió en 1988.
La abolición oficial de la pena de muerte en Burkina Faso se estableció en mayo de 2018, cuando la Asamblea Nacional, bajo el mandato del expresidente Roch Marc Christian Kaboré, decidió eliminar esta sanción máxima.
Human Rights Watch destacó que aquel avance respondió a recomendaciones internacionales que impulsan la moratoria global sobre la pena capital.
El nuevo proyecto de ley responde a un escenario de persistente inseguridad. Representantes del sistema judicial y miembros de la sociedad civil, consultados por medios locales, sostuvieron que el principal argumento para la restauración radica en el incremento de delitos vinculados al terrorismo.
Desde 2016, las fuerzas armadas de Burkina Faso han enfrentado a grupos islamistas relacionados con Al Qaeda y el Estado Islámico en el Gran Sahara.
Durante este periodo, la ONG Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) registró más de 26.000 muertes, con especial aumento tras la instauración del régimen militar en septiembre de 2022, etapa en la que hubo aproximadamente 15.500 víctimas fatales.
La iniciativa de restablecer la pena capital se inscribe en un proceso de endurecimiento legislativo. En septiembre de este año, la Asamblea Legislativa de Transición aprobó de manera unánime una ley que castiga prácticas homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión, en consonancia con medidas recientes adoptadas por otros países africanos. Actualmente, cerca de 30 países del continente mantienen la homosexualidad como delito.
Desde la perspectiva de organizaciones de derechos humanos, la medida de la pena de muerte representa un retroceso en la protección de garantías fundamentales.
Con este debate, Burkina Faso enfrenta una compleja encrucijada legal y política y se suma a otros países que han endurecido las penas en contextos de conflicto interno armado.
(Con información de Europa Press)
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