Las autoridades surcoreanas confirmaron este jueves que seis de sus ciudadanos permanecen detenidos en Corea del Norte desde hace aproximadamente una década y afirmaron que intentarán reactivar las conversaciones con Pyongyang para negociar su regreso.
La confirmación se produjo en el marco de la política de apertura y diálogo que promueve el presidente Lee Jae Myung, quien asumió el cargo con la promesa de reconstruir los canales intercoreanos.
La oficina presidencial señaló que el asunto requiere atención “urgente” debido a la prolongada suspensión de las comunicaciones oficiales entre ambos países y al impacto humanitario que supone la permanencia de los detenidos.
Según informó la agencia Yonhap, se trata de tres misioneros capturados entre 2013 y 2014 y de tres desertores norcoreanos que se habían asentado en Corea del Sur. Sus identidades no se han divulgado para proteger a sus familias en el Norte.
Los seis detenidos fueron condenados por Pyongyang por supuestos delitos de espionaje y otras actividades consideradas hostiles. Corea del Sur cuestiona estas acusaciones desde hace años, al sostener que no existen garantías mínimas de debido proceso dentro del sistema judicial norcoreano.
El reconocimiento público del caso por parte del despacho presidencial llegó un día después de que Lee Jae Myung fuera interrogado por la prensa sobre si su gobierno estaba realizando gestiones para facilitar el retorno de los ciudadanos detenidos. El mandatario respondió que indagaría, ya que no contaba con información detallada.
El Ministerio de Unificación, encargado de gestionar las relaciones con Pyongyang, había pedido en diversas ocasiones la liberación inmediata e incondicional de los surcoreanos, la última en marzo, tras la aprobación en Naciones Unidas de una resolución que instaba a Corea del Norte a poner fin a las detenciones arbitrarias.
La situación de los detenidos es uno de los múltiples frentes pendientes entre las dos Coreas, que permanecen técnicamente en guerra desde 1953. Los contactos bilaterales han atravesado largos periodos de interrupción, con breves aperturas que no lograron consolidarse debido a las tensiones militares, los ensayos armamentísticos de Pyongyang y la falta de avances en la desnuclearización.
Expertos citados por medios surcoreanos recuerdan que episodios anteriores de repatriación se han producido únicamente en contextos de deshielo político o en intercambios puntuales. La administración de Lee Jae Myung plantea que la reapertura de canales podría reducir riesgos en la península y crear espacios para abordar cuestiones humanitarias.
La dinámica actual, sin embargo, es compleja. Corea del Norte ha intensificado sus pruebas de misiles en los últimos meses y ha roto varios acuerdos militares previos. Al mismo tiempo, mantiene una política restrictiva hacia la entrada y salida de ciudadanos, agravada desde la pandemia, que ha limitado aún más el margen de acción diplomático.
Para Corea del Sur, recuperar a los detenidos no solo es una prioridad humanitaria, sino también una prueba de su capacidad para recomponer la relación bilateral. En un contexto regional marcado por un aumento de la competencia estratégica, cualquier avance podría influir en la estabilidad de la península y en el equilibrio diplomático entre las grandes potencias involucradas.
El gobierno de Lee deberá ahora calibrar hasta dónde puede avanzar sin poner en riesgo su postura de seguridad, mientras intenta reactivar una agenda de diálogo que ha permanecido congelada durante años.
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