Siria abrió este martes en el Palacio de Justicia de Alepo el primer juicio contra sospechosos vinculados a la ola de violencia sectaria registrada en marzo, un estallido que dejó cerca de 1.500 muertos —en su mayoría civiles alauitas— y que se convirtió en la peor matanza desde la caída del ex dictador Bashar al-Assad en diciembre de 2024. Para el gobierno interino del presidente Ahmad al-Sharaa, el proceso representa un hito en su compromiso con la rendición de cuentas tras décadas de autoritarismo.
Los procedimientos se desarrollan en una audiencia pública y reúnen a catorce acusados: siete leales a Assad y siete miembros de las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno. Según fuentes judiciales, los cargos incluyen sedición, incitación a la guerra civil, pertenencia a banda armada, asesinato, saqueo y ataques contra puestos de control e instalaciones estatales.
Un funcionario explicó que se trata de solo una parte de los más de 560 sospechosos remitidos a los tribunales tras una investigación gubernamental de varios meses. El fiscal general presentó cargos contra unas 300 personas vinculadas a facciones armadas afiliadas al ejército y contra unas 265 pertenecientes a grupos paramilitares de la era Assad
El viceministro de Justicia, Mustafa al-Qassem, afirmó que el proceso representa el inicio de una fase más amplia de rendición de cuentas: “Los juicios no se limitarán a las violaciones costeras. Continuarán incluyendo a los principales criminales que perpetraron crímenes y asesinatos en masa en años anteriores”.
La violencia de marzo: de una emboscada a masacres sectarias
La ola de sangre se desencadenó cuando grupos armados afines a Assad emboscaron a fuerzas del nuevo gobierno. La contraofensiva posterior derivó en ataques de venganza contra comunidades alauitas de la costa —minoría a la que pertenece el ex dictador—, dejando cientos de muertos.
Una pesquisa previa de Reuters había revelado que las fuerzas sirias mataron a cerca de 1.500 alauitas entre el 7 y el 9 de marzo, en represalia por una rebelión de un día organizada por antiguos oficiales leales a Assad, que dejó 200 miembros de las fuerzas de seguridad muertos, según el gobierno.
Pese a ello, la comisión oficial no halló pruebas de que el gobierno interino hubiera ordenado ataques contra civiles alauitas. La ONU, sin embargo, llegó a conclusiones más severas y determinó en agosto que la violencia cometida por facciones vinculadas al nuevo gobierno y por grupos leales a Assad fue “generalizada y sistemática”. El organismo documentó que, durante los allanamientos, se les preguntaba a los civiles “si eran sunitas o alauitas”, y que luego hombres y menores alauitas eran apartados y asesinados.
Un proceso controvertido
Aunque el Ejecutivo afirma estar inaugurando una nueva era de justicia independiente, opositores y colectivos alauitas denuncian que el juicio es una puesta en escena política. Sostienen que, aun con los avances, no existe plena transparencia ni garantías para investigar a todas las partes involucradas.
Durante la audiencia televisada se vivieron momentos de tensión. El juez les preguntaba a los acusados si eran militares o civiles y, en uno de los interrogatorios, confrontó a un miembro de las fuerzas de seguridad con un video que supuestamente mostraba un asesinato selectivo. “Pero en el video se ve claramente cómo matas a la persona que está arrodillada”, dijo el juez. El acusado sostuvo que las imágenes eran falsas.
También estuvieron presentes familiares de procesados. Ayman Bakkour declaró a The Associated Press que su hijo, miembro de la 82.ª División Militar del gobierno, lleva detenido al menos siete meses. “Mi hijo fue arrestado por infracciones en la costa”, dijo Bakkour, de la provincia de Idlib, a las afueras del juzgado. “Hubo enfrentamientos y él grabó un video que se viralizó por accidente. Ahora está siendo procesado”. El juez decidió suspender la sesión inaugural y reprogramar la próxima audiencia para diciembre.
Una prueba crucial para el futuro de Siria
El comienzo del juicio responde a exigencias internas y externas para que el gobierno de Sharaa demuestre avances en materia de justicia y respeto a los derechos humanos, condiciones clave para romper su aislamiento diplomático y aspirar al levantamiento de sanciones estadounidenses. Sin embargo, sigue siendo incierto cuánto tiempo durarán los procedimientos, dada la magnitud de la violencia y el número de sospechosos.
Para el presidente Ahmad al-Sharaa, que ascendió al poder tras la caída de Assad, el desafío es doble: estabilizar un país devastado y demostrar que la nueva Siria será distinta del régimen que gobernó durante 54 años.
Sharaa ha calificado la violencia como una amenaza directa a su misión de unificar el país y ha prometido perseguir responsabilidades: “Los juicios… marcarán el inicio de un largo proceso”, aseguró un alto funcionario del Ministerio de Justicia.
Mientras tanto, la población siria —especialmente la comunidad alauita, profundamente traumatizada tras las masacres— observa el juicio con mezcla de esperanza y escepticismo. El proceso judicial puede convertirse en un paso decisivo hacia la reconciliación o en un nuevo foco de tensiones si no se gestiona con rigor y transparencia.
(Con información de agencias)
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