La Fiscalía General de Estambul acusó de espionaje al ex alcalde metropolitano de la ciudad, Ekrem Imamoglu, y solicitó que se le imponga prisión preventiva adicional, sumando así un nuevo expediente a los procesos judiciales que enfrenta desde marzo.
Imamoglu, líder del principal partido de oposición en Turquía (CHP), está detenido desde hace meses bajo acusaciones previas, y ahora podría continuar en prisión incluso si es absuelto en los juicios anteriores.
Tras once horas de interrogatorio ante el Tribunal de Caglayan, el fiscal remitió la petición de prisión preventiva tanto para Imamoglu como para su asesor político, Necati Özkan, y el director del canal opositor TELE1, Merdan Yanardag.
De acuerdo con la emisora local NTV, los tres rechazaron los cargos que se les imputan durante sus declaraciones judiciales. Yanardag fue arrestado en una operación policial que incluyó el registro y posterior intervención de la sede de la cadena, ahora bajo control de un administrador designado por las autoridades.
Las acusaciones en este nuevo caso se basan, según la Fiscalía, en la declaración de un involucrado que incriminó a Imamoglu, describiendo la supuesta existencia de una “organización criminal con fines de lucro y conexiones de espionaje”.
Imamoglu negó las acusaciones y calificó el proceso como una maniobra política.
“Para mí, el espionaje equivale a traición. Semejante acusación es el mayor insulto de mi vida. Nunca he tenido ninguna conexión con agencias de inteligencia ni información confidencial. Me enfrento a una conspiración. Sería más realista afirmar que incendié Roma”, declaró ante los jueces.
La noticia del traslado y el nuevo interrogatorio de Imamoglu generó una fuerte movilización en Estambul. Miles de personas se congregaron ante el tribunal para expresar su respaldo, a pesar de la prohibición de protestas públicas vigente en la ciudad.
“No es un espía, es un presidente”, fue el grito predominante de la multitud, que exige su liberación y denuncia una escalada de represión política.
La situación actual se inscribe en una serie de acciones judiciales contra dirigentes del Partido Republicano del Pueblo (CHP), el mayor bloque opositor al presidente Recep Tayyip Erdogan, especialmente desde los comicios municipales de marzo de 2024. Tras la reelección de Imamoglu como alcalde de Estambul y la victoria de CHP en varias ciudades, al menos quince alcaldes de ese partido han sido detenidos, doce de ellos en la propia provincia de Estambul, según datos de la formación.
Imamoglu, candidato presidencial previsto del CHP para 2028, fue arrestado el 19 de marzo junto a más de cien funcionarios y colaboradores municipales. Todos enfrentan cargos de corrupción, en un proceso que la oposición describe como parte de una estrategia para apartar del tablero electoral a sus principales líderes.
El CHP ha definido las detenciones y las causas abiertas como un “golpe de Estado civil”, denunciando el uso del aparato judicial para debilitar la competencia política antes de las próximas elecciones generales.
El líder parlamentario del CHP, Özgür Özel, sostiene que el gobierno de Erdogan “intenta eliminar, a través de la justicia, al partido con mayor proyección para las próximas presidenciales”. Por su parte, el gobierno rechaza cualquier injerencia y defiende la independencia de la justicia turca.
El caso de Imamoglu, que combina acusaciones de corrupción y ahora espionaje, expone la profunda polarización política y social en Turquía. Las movilizaciones de apoyo, las restricciones al derecho de protesta, la intervención de medios de comunicación y la judicialización creciente del debate electoral mantienen en alerta a la sociedad civil y a observadores internacionales, que siguen de cerca el impacto de estos acontecimientos en el futuro democrático del país.
(Con información de EFE)
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