En las estrechas calles de Saná, capital de Yemen, los murales de Abdul Malik al-Houthi dominan el paisaje, mientras la voz del líder retumba por altoparlantes y pantallas gigantes cada semana.
Bajo la aparente normalidad de la ciudad, la presencia del grupo paramilitar hutí es palpable. Su dominio sobre el norte de Yemen se sostiene con un régimen de represión, control y manipulación social que penetra en la vida de millones de personas, como quedó documentado en testimonios y reportes recopilados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Las historias surgen entre el polvo y el silencio de los desplazados. Lo primero que se percibe es la desconfianza: cada respuesta viene acompañada de precaución, porque bajo el control hutí cualquier palabra puede volverse una condena. Familias enteras han aprendido que la supervivencia depende de la docilidad o de contar con la protección, siempre frágil, de algún supervisor del grupo armado.
Por ejemplo, Abdul-Salam, refugiado en un campo del sur, revive en voz baja la mecánica del extorsión diaria. “Los hutíes te ofrecen una opción: obedecer y recibir una cesta de comida, o rechazarlo y quedarte sin nada”, confiesa a Reuters.
La lealtad, o la apariencia de ella, es la moneda de cambio en los territorios controlados. La lista de beneficiarios de ayuda internacional se hincha de nombres fantasmas o de combatientes; la comida se transforma en premio, la exclusión en castigo.
La represión adopta formas múltiples: desde el encarcelamiento en prisiones clandestinas hasta el adoctrinamiento obligatorio. Funcionarios y maestros acatan, sin réplica, horas de discursos del líder para conservar su trabajo o un puñado de subsidios
Afuera, los desplazados cuentan el precio de discrepar: “Estamos gobernados por una milicia disfrazada de religión”, sentencia a Reuters, Abu Hamza, quien pasó un año bajo tierra por criticar al grupo.
Por otro lado, las cifras desnudan la crisis: más de 17 millones de personas subsisten en inseguridad alimentaria aguda en un país de 40 millones, según los datos de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC).
La escena se repite con familias que sobreviven con una comida diaria, tras ser desterradas por la violencia o la hambruna.
Las políticas fiscales impuestas solo agudizan la debacle: pequeñas tiendas, talleres y negocios familiares se hunden ante impuestos y “donaciones” obligatorias, con la amenaza de perder los pocos derechos que aún conservan.
La maquinaria paramilitar cruza también las fronteras de la infancia. El reclutamiento forzoso de menores es rutina desde hace años. Human Rights Watch y otros organismos de derechos humanos han documentado la incorporación sistemática de niños a las fuerzas hutíes desde al menos 2009, con un repunte tras el inicio de la guerra de Gaza.
A su vez, entre enero de 2022 y diciembre de 2024, las clínicas respaldadas por Médicos Sin Fronteras (MSF) en Yemen han brindado atención a más de 35.000 niños menores de cinco años con cuadros de desnutrición. Esta labor se ha concentrado en cinco provincias del país, en un contexto marcado por la guerra y una inestabilidad que agrava el desgaste social y sanitario de la población más vulnerable.
El impacto de las acciones militares hutíes trasciende las fronteras de Yemen. Los ataques a buques comerciales en el Mar Rojo, la instalación de minas y los ataques terroristas transfronterizos contra infraestructura y población civil en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han sido denunciados en informes oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Por otro lado, bajo este contexto, el número de empleados de la ONU arrestados asciende a 53 desde 2021.
El propio jefe humanitario del organismo se ha visto obligado a refugiarse en Adén, lejos del área hutí, por seguridad.
(Con información de Reuters)
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