La Corte Penal Internacional acusó a Rodrigo Duterte por ejecuciones extrajudiciales durante su sangrienta guerra antidrogas

La Corte Penal Internacional (CPI) formalizó cargos contra el ex presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por crímenes de lesa humanidad vinculados a la guerra contra las drogas desarrollada durante su gestión. El tribunal lo acusa de responsabilidad penal individual por decenas de asesinatos cometidos entre 2013 y 2019, tanto en su periodo como alcalde de Davao como durante su mandato presidencial. El inicio del proceso, programado para esta semana, fue pospuesto luego de que la defensa solicitara un aplazamiento debido a cuestiones de salud del ex mandatario.

En el documento de cargos, la CPI sostuvo que Duterte actuó como “coautor indirecto” en la ejecución de al menos 76 asesinatos. La fiscal Mame Mandiaye Niang señaló que el primer cargo está relacionado con la muerte de 19 personas durante el periodo en que Duterte fungía como alcalde de Davao, en el sur del país.

“Durante su periodo como alcalde, Duterte (…) y los anteriormente mencionados funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilizaron la Policía de la ciudad de Davao y otros sicarios para matar a supuestos criminales”, indicó la CPI.

El tribunal internacional detalló que, tras asumir la presidencia en 2016, Duterte extendió su estrategia a nivel nacional. Los otros dos cargos presentados involucran el asesinato de 57 personas entre 2016 y 2019, algunas de ellas identificadas como objetivos “de alto valor”, quienes aparecían en listas que ofrecían incentivos económicos a los agentes responsables de su muerte. El texto indica que Duterte y sus colaboradores mantenían “un plan o acuerdo común para neutralizar a presuntos delincuentes (…) mediante delitos violentos, incluido el asesinato”.

Las investigaciones revelan la existencia de estructuras conocidas como Escuadrón de la Muerte de Davao, dirigidas por el ex mandatario y formadas tanto por miembros de la policía local como por personas externas, encargadas de ejecutar acciones letales contra sospechosos. El nombre de otros presuntos responsables no fue incluido en la documentación difundida hasta el momento.

La CPI emitió una orden de detención contra Duterte el pasado marzo, acusándolo del crimen de lesa humanidad en el contexto de la campaña antidrogas que implementó entre 2016 y 2022. Las estimaciones sobre el número total de muertes varían: la Policía local reporta alrededor de 6.000 fallecidos, mientras que organizaciones civiles sostienen que el saldo podría llegar a 30.000 personas, incluyendo casos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

Duterte se entregó voluntariamente a la CPI el 12 de marzo de este año, en respuesta a la orden de arresto internacional. Su primera comparecencia ante los jueces ocurrió 48 horas después y, en esa instancia, el tribunal fijó esta semana para la audiencia de confirmación de cargos. Sin embargo, el 8 de septiembre, la Sala de Cuestiones Preliminares del organismo aceptó aplazar la audiencia, tras una solicitud de la defensa, que argumentó que el ex presidente no se encontraba en condiciones para enfrentar el proceso judicial.

El impacto de la decisión de Duterte de retirar a Filipinas del Estatuto de Roma en 2019 también fue analizado por la CPI. El tribunal sostiene que esta salida estuvo motivada por la intención de evitar futuras investigaciones y eventuales condenas derivadas de los operativos antidrogas. No obstante, los delitos investigados abarcan un periodo anterior y posterior a la salida formal del país del tratado internacional.

La Fiscalía de la CPI ya ha concluido la presentación de pruebas y documentos referidos a la causa. La continuación del proceso dependerá de una nueva evaluación médica sobre la aptitud de Duterte para participar en la audiencia. Si el tribunal determina que está en condiciones, la causa podrá avanzar en los plazos estipulados.

El caso de Duterte ante la Corte Penal Internacional se presenta como un desafío para la justicia internacional y la persecución de crímenes estatales. El tribunal deberá determinar si los hechos corresponden a prácticas sistemáticas de represión y eliminaciones extrajudiciales, y establecer si existe responsabilidad directa del ex mandatario como instigador y organizador de estos actos.

La decisión final de la CPI tendrá repercusiones tanto en Filipinas como en otros contextos donde la rendición de cuentas por violaciones graves a los derechos humanos es motivo de demanda por parte de la comunidad internacional.

(Con información de EFE)