
Las pandillas ‘Barrio 18’ y ‘Mara Salvatrucha’ han intensificado su enfrentamiento con el gobierno de Guatemala por el control de las prisiones desde el traslado de sus líderes a una cárcel de máxima seguridad, el pasado 31 de julio, medida que ha desencadenado una serie de motines casi diarios en distintos centros penitenciarios.
“Para hacer un movimiento como el traslado de los líderes de las pandillas, (el Gobierno) tuvo que haber previsto toda esta reacción, pero o no lo hicieron o no se está reaccionando como se debe, porque los motines están brotando casi todos los días y agarran con facilidad a los guardias como rehenes”, afirmó este lunes a EFE Carmen Aída Ibarra, directora de la organización no gubernamental Movimiento ProJusticia.
Varios guardias del Sistema Penitenciario de Guatemala fueron tomados el viernes pasado como rehenes por miembros de pandillas en dos cárceles del país, según confirmaron fuentes oficiales. La medida se produjo apenas una semana después de incidentes similares que dejaron un vigilante fallecido.
“Lo que se percibe es que no hay inteligencia civil o inteligencia estratégica”, añadió Ibarra, quien también lidera la asociación Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS). Según la experta, existe “un mal manejo del Sistema Penitenciario”.

No obstante, Ibarra destacó que en los gobiernos anteriores “no se combatió” a los “crímenes que se planifican desde las cárceles”, los cuales dejan a la población “a merced” de la delincuencia. En contraste, la Administración del presidente Bernardo Arévalo de León sí “los está combatiendo”.
Los motines recientes se han producido a raíz del traslado de los líderes de las pandillas a la prisión de máxima seguridad Renovación I, donde quedan privados de privilegios como visitas sin restricción o televisores de gran tamaño, lo que también dificulta la planificación de delitos como extorsiones a comerciantes en el exterior.
Según el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, los secuestros de los guardias “son intentos desesperados de pandilleros que buscan llamar la atención y presionar al Estado para recuperar a sus líderes”.
El traslado se efectuó luego del asesinato de siete personas en una funeraria de la capital, ocurrido el 29 de julio y atribuido presuntamente a miembros de la ‘Mara Salvatrucha’ durante el velorio de un supuesto integrante de la pandilla rival ‘Barrio 18’, asesinado el 28 de julio. Los reos fueron concentrados desde diversas prisiones en Renovación I, inaugurada recientemente en el departamento de Escuintla, a unos 50 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala.

Tanto el presidente Arévalo de León como el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, reafirmaron que no revertirán la decisión del traslado de los líderes de las pandillas.
Ibarra advirtió, sin embargo, que “habrá que ver que tan acertadas” resultan estas medidas, y agregó que “lo que sucede es que este fenómeno criminal responde a estructuras (criminales) y con quitar la cabeza no se desmorona la estructura”.
Según datos oficiales y de organizaciones no gubernamentales, durante 2024 se registraron alrededor de 25.000 denuncias por extorsión a comerciantes, pilotos de autobuses y empresas, con pérdidas valoradas en miles de millones de quetzales, la mayoría originadas desde las cárceles.
(Con información de EFE)
Últimas Noticias
Israel ordenó la evacuación de familias de Gaza por primera vez desde el alto el fuego
Los residentes de Bani Suhaila, al este de Jan Yunis, dijeron que los panfletos fueron lanzados el lunes sobre familias que vivían en tiendas de campaña en el barrio de Al-Reqeb
¿Qué es la “secta Moon” y por qué se asocia con el asesinato del ex líder nipón Shinzo Abe?
La justicia dictaminó el encarcelamiento del responsable del magnicidio ocurrido en 2022, lo que ha intensificado la discusión pública sobre las relaciones entre figuras políticas y la Iglesia de la Unificación en la sociedad japonesa

El ex primer ministro surcoreano Han Duck-soo fue condenado a 23 años de prisión por insurrección
La condena dictada por el tribunal en Seúl supera en ocho años la petición de la fiscalía, tras considerar el papel determinante del funcionario en la instauración del estado de excepción durante la administración de Yoon Suk-yeol


