Choguel Kokalla Maiga, ex primer ministro de transición de Malí, fue enviado a prisión preventiva tras una orden del Tribunal Supremo del país, en el marco de un proceso por malversación de fondos públicos. La detención se formalizó después de una audiencia en la que el exmandatario escuchó los cargos en su contra y fue recluido de inmediato.
La defensa, con su abogado Cheick Omar Konaré al frente, comunicó en redes sociales que a Maiga se le imputan los delitos de daño al erario y lavado de dinero. Según el propio Konaré, citado por Europa Press: “Refuta los cargos, se muestra tranquilo y cree que un político debe esperar cualquier cosa, incluso la cárcel y la muerte”.
La instrucción judicial sucedió tras el arresto de Maiga, quien fue jefe del Gobierno de transición entre 2021 y noviembre de 2024, periodo en el que una junta militar controló Malí tras dos golpes de Estado consecutivos.
African News detalló que además, Maiga está acusado de malversación de fondos, uso y falsificación de documentos, y daños al patrimonio estatal que, según la fiscalía, alcanzan “varios miles de millones de francos CFA”, equivalentes a varios millones de dólares estadounidenses.
En la audiencia, también comparecieron al menos nueve excolaboradores de Maiga, de los cuales ocho permanecieron detenidos inicialmente. Algunos de ellos recibieron libertad antes del juicio, mientras otros continúan a la espera del proceso. Fuentes judiciales indicaron que dos de sus antiguos colaboradores también enfrentan cargos, y otros resultaron absueltos, según informó AFP.
Tensiones y retrasos electorales profundizaron la brecha entre el ex primer ministro y la junta militar
El distanciamiento entre Maiga y la junta militar, presidida por Assimi Goita, se agravó cuando denunció que las prórrogas electorales se decidían sin consulta y a sus espaldas. Esa situación condujo a su remoción y al nombramiento del general Abdoulaye Maiga como nuevo jefe del Ejecutivo.
La hoja de ruta establecía elecciones generales en un plazo de dos años luego del segundo golpe, ocurrido en agosto de 2021. Pese a ello, la junta militar postergó de manera sucesiva sus compromisos, consolidando su poder y alejándose del traspaso a manos civiles.
El Gobierno de transición justificó públicamente la demora por la necesidad de “trabajar sobre la seguridad” antes de convocar los comicios, mientras crecían las presiones internas y externa.
La destitución de Maiga y su procesamiento coinciden con un aumento de la represión y la tensión política en Malí. Según reportes de AFP, en los días previos al arresto del ex primer ministro, la junta ordenó la detención de decenas de militares por un supuesto complot contra el Gobierno.
En julio de 2024, la legislatura transitoria aprobó una ley que otorga a Assimi Goita un mandato presidencial de cinco años, renovable indefinidamente y sin elecciones inmediatas. Esta medida reforzó la hegemonía militar al margen de los reclamos civiles.
Por otro lado, desde 2012, el país sufre una grave crisis de seguridad provocada por la expansión de grupos yihadistas aliados tanto a Al-Qaeda como al Estado Islámico, así como redes delictivas locales. Ante esta situación, la junta militar, liderada por Goita, ha desplazado a socios occidentales y se ha acercado militar y políticamente a Rusia.
El ejército y sus aliados rusos han sido denunciados por violaciones contra la población civil por varias organizaciones internacionales, pero el discurso gubernamental insiste en el combate al terrorismo y la restauración del orden.
El proceso judicial contra Maiga destaca por la magnitud de las acusaciones y la figura del imputado. La fiscalía sostiene que se habrían malversado varios millones de USD en fondos públicos, justificando los cargos de blanqueo y otros delitos financieros.
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