La ONG venezolana Provea informó que la activista del colectivo SurGentes, Martha Grajales, fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina, en el estado Miranda, tras permanecer desde el viernes pasado en un centro policial de Caracas, donde fue detenida.
En un video difundido en X, el esposo de Grajales, Antonio González, señaló que pudo hablar con ella por teléfono después de cuatro días sin comunicación. “Me informó que fue tratada con respeto y que se encuentra bien. Mandó fuerzas para la lucha. Me pidió que transmitiera que tiene mucha fuerza, que está convencida de que la lucha por los derechos humanos en Venezuela es una lucha justa y correcta”, declaró.
González agregó que la activista envió “palabras de aliento” a las familias de presos políticos que integran el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, quienes fueron agredidas el martes pasado durante una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas. Grajales había sido arrestada después de participar en una manifestación frente a la sede de la ONU en la capital, en rechazo a esas agresiones.
La Fiscalía presentó cargos en su contra por presuntos delitos de “incitación al odio”, “conspiración con un Gobierno extranjero” y “asociación”, acusaciones que SurGentes calificó como un “montaje judicial”.
En un comunicado difundido en Instagram, el Ministerio Público de la dictadura señaló: “Fue presentada e imputada la ciudadana Martha Lía Grajales en el lapso de ley tras haberse solicitado orden de aprehensión en su contra por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la república”. El organismo informó que se le dictó privativa de libertad por decisión del tribunal que lleva la causa, sin ofrecer detalles sobre los hechos atribuidos a la activista.
El colectivo denunció que el acta policial que sustenta la orden de captura se basa “únicamente en la reseña y análisis que un funcionario de policía hace de una visita policial (‘ciberpatrullaje’) al sitio web de SurGentes (www.surgentes.org.ve) en el que se reseñan movilizaciones populares por la exigencia de derechos”.
“El acta agrega una interpretación que señala que tales protestas forman parte de un intento de desestabilizar al Gobierno venezolano orquestado por intereses foráneos”, añadió.
El caso de Martha Grajales se enmarca en un contexto de creciente hostigamiento a defensores de derechos humanos en Venezuela, donde organizaciones y activistas denuncian un patrón de criminalización de la protesta y persecución judicial. Tanto Provea como SurGentes han reiterado su llamado a la comunidad internacional para que se garantice la integridad física de la activista y se respeten sus derechos procesales mientras permanezca privada de libertad.
(Con información de EFE)
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