El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reiteró este jueves su intención de anular el contrato de concesión que permite a Panama Ports Company, filial de la china CK Hutchison Holdings, operar los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en las dos entradas del canal interoceánico.
Mulino calificó el acuerdo como “lesivo para el interés nacional” y recordó que la Contraloría General presentó el 30 de julio dos demandas ante la Corte Suprema. Una de ellas busca declarar inconstitucional el contrato aprobado a finales de los años noventa; la otra, anular la renovación pactada en 2021 por 25 años más, por considerarla “abusiva” para los intereses del país.
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El mandatario señaló que acatará el fallo de la Corte, pero advirtió que no tolerará indefinidamente la situación actual. “Estamos hablando de los dos puertos más importantes a la entrada del canal, por supuesto que tiene que tener la más alta atención del gobierno... No vamos a tener nuestro territorio portuario secuestrado o que lucren sin pasarle ningún beneficio al Estado y nos den el porcentaje de accionista que buenamente les parece”, dijo.
En días recientes, la empresa defendió el contrato alegando que sus operaciones han beneficiado a Panamá y pidió respeto a la seguridad jurídica. También expresó disposición a dialogar, solicitud a la que Mulino respondió aceptará conversaciones “pero bajo ningún pretexto para mantener el contrato leonino contrario a los intereses nacionales que tenemos hoy”.
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El acuerdo de concesión vigente desde 1997 otorga la operación de los puertos a la compañía, cuya matriz en Hong Kong ha planeado vender sus activos portuarios —en varios países— a un consorcio que incluye a la firma de inversión estadounidense BlackRock Inc.. El contrato de concesión fue renovado en 2021 por 25 años más.
Esta operación ha quedado afectada por las tensiones entre Beijing y Washington. El presidente estadounidense Donald Trump ha sostenido que China interfiere en el canal, aunque el gobierno de Mulino asegura que mantiene pleno control sobre la vía y que la gestión de los puertos no implica dominio chino sobre ella.
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El miércoles, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, calificó a Panama Ports como un “operador malo” que “no ha hecho un buen trabajo” y afirmó que es “una compañía del Partido Comunista de China que debe más de 600 millones de dólares al pueblo de Panamá”.
La decisión de la Corte Suprema será clave para definir el futuro de la concesión y el alcance de la influencia extranjera en los puertos que sirven de entrada y salida al canal, un activo vital para la economía y la seguridad nacional de Panamá.
(Con información de AP)
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