La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, transmitió este miércoles al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, su inquietud por la reciente ley aprobada en Kiev que restringe la independencia de las principales instituciones anticorrupción del país. Según informó el portavoz de Ampliación, Guillaume Mercier, Von der Leyen pidió explicaciones formales al Gobierno ucraniano por un paso que, a juicio de Bruselas, va en contra de los compromisos asumidos en el proceso de adhesión a la Unión Europea.
“La presidenta de la Comisión Europea estuvo en contacto con Zelensky sobre estos últimos acontecimientos. La presidenta transmitió su gran preocupación por las consecuencias de las enmiendas y pidió explicaciones al Gobierno ucraniano”, señaló Mercier, en declaraciones recogidas por Europa Press.
El foco del conflicto son las enmiendas al Código Penal aprobadas por la Rada Suprema que, en la práctica, otorgan al fiscal general nuevas facultades para intervenir en los casos liderados por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO). Para la Comisión, esto debilita la lucha contra la corrupción, uno de los pilares exigidos por Bruselas para avanzar en el proceso de adhesión.
Ambas agencias son consideradas “piedras angulares” del Estado de derecho, y su independencia es vista como “crucial” por el Ejecutivo comunitario. “Deben operar de forma independiente para luchar contra al corrupción y mantener la confianza pública”, advierte el bloque.
Mercier recordó que la lucha contra la corrupción y el buen funcionamiento del Estado de Derecho son “elementos nucleares” de la UE y que, como candidato a la adhesión, se espera de Kiev que cumpla con los máximos estándares.
Zelensky, sin embargo, defendió las modificaciones, justificándolas como un intento de proteger las instituciones frente a supuestas interferencias de Moscú. Ambas oficinas seguirán funcionando, pero “sin la influencia rusa. Hay que limpiarlas de ella”, afirmó el mandatario, que se reunió este miércoles con los titulares de la NABU y la SAPO, así como con el ministro del Interior, Igor Klimenko.
“Todos tenemos un enemigo común: Rusia y la protección del Estado ucraniano presupone la solidez suficiente de los sistemas policiales y anticorrupción”, sostuvo el presidente.
La ley aprobada este martes en la Rada Suprema desmantela ‘de facto’ estas agencias, al prever que la figura del fiscal general pueda intervenir en las investigaciones de las mismas, dar nuevas instrucciones y archivar casos.
A pesar de esta argumentación, en Bruselas preocupa que el control político sobre las agencias pueda erosionar la confianza ciudadana y comprometer las reformas exigidas por la UE. La Comisión insiste en que el respeto a la independencia institucional y la lucha contra la corrupción no pueden ser sacrificados, ni siquiera en tiempos de guerra.
(Con información de EFE)
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