Vladimir Putin volvió a apretar el cerco sobre la oposición rusa. Lev Shlosberg, uno de los últimos políticos críticos que permanecen en el país, fue detenido este martes acusado de “desacreditar” al ejército por pedir públicamente un alto el fuego en Ucrania. La acusación se basa en unas declaraciones realizadas en enero durante un debate en vídeo, en las que describió la guerra como un juego de “ajedrez sangriento” y pidió el fin de las hostilidades.
“Primero debemos dejar de matar gente. Si logramos la paz, recuperaremos la libertad”, había declarado Shlosberg en aquella ocasión. Estas palabras le pueden costar ahora hasta cinco años de prisión bajo la legislación represiva implementada por el Kremlin tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022.
Shlosberg, de 61 años, es exdiputado de Pskov, una ciudad occidental próxima a la frontera con Estonia, y figura destacada del partido liberal Yabloko, una de las pocas formaciones opositoras que aún mantienen cierta actividad legal en Rusia. Su detención se produce después de que las autoridades registraran su domicilio y el de su padre, de 96 años, así como las oficinas del partido en Pskov, en busca de ordenadores y material informático.
El político, que niega haber autorizado la publicación del vídeo controvertido, ya había sido multado en dos ocasiones anteriores por el mismo delito de “desprestigiar” al ejército. Esta reincidencia agrava ahora su situación legal. Está previsto que comparezca este miércoles ante un tribunal, que decidirá las medidas cautelares que se le aplicarán mientras permanece en detención preventiva.
Un veterano de la disidencia
La trayectoria de Shlosberg como opositor se extiende más allá del actual conflicto ucraniano. Ya en 2014 se manifestó en contra de la intervención militar rusa en territorio ucraniano, una postura que le valió el constante hostigamiento del poder. Hace una década perdió su escaño en la asamblea regional de Pskov tras publicar un artículo periodístico en el que denunciaba que paracaidistas rusos enterrados en un cementerio local habían muerto en una operación militar clandestina en el este de Ucrania.
Su activismo le valió ser incluido en la lista de “agentes extranjeros” en junio de 2023, una etiqueta que el gobierno aplica a personas consideradas subversivas y financiadas desde el exterior. Por incumplir las obligaciones derivadas de esta clasificación, ya había sido confinado judicialmente a permanecer en Pskov, donde ahora fue detenido.
El silenciamiento de la oposición
El caso de Shlosberg evidencia la sistemática campaña de represión desplegada por Putin contra cualquier voz disidente desde el inicio de la guerra en Ucrania. Las autoridades rusas han implementado duras leyes de censura militar que penalizan con cárcel cualquier crítica a la invasión, denominada “operación militar especial” por el Kremlin.
La oposición rusa se vio diezmada en los últimos años. Decenas de políticos, activistas y periodistas críticos fueron detenidos o huyeron del país para evitar la persecución. El caso más emblemático fue el de Alexei Navalny, el líder opositor más prominente, que murió en febrero de 2024 en una colonia penal del Ártico en circunstancias que sus seguidores consideran un asesinato encubierto.
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