La República de Haití enfrenta una de las peores crisis de su historia reciente, marcada por un aumento exponencial de la violencia, el dominio de pandillas sobre amplias áreas del país y la ruina casi total de su infraestructura social. Según datos de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, más de 5.600 personas fueron asesinadas en 2024, lo que representa un aumento superior al 20% respecto al año anterior.
Violencia desenfrenada y crisis humanitaria
La violencia pandillera en Haití no da tregua. En 2024, se registraron más de 2.200 personas heridas y cerca de 1.500 secuestradas, sumando cifras alarmantes a las más de 5.600 muertes contabilizadas. La ONU denunció que estos números apenas logran reflejar “los horrores absolutos” que sufre la población, según Volker Türk, abogado austríaco y Alto Comisionado de la ONU.
Uno de los episodios más atroces ocurrió el pasado diciembre, cuando más de 200 personas fueron asesinadas en Cité Soleil, un barrio marginal de Puerto Príncipe. Este ataque fue atribuido a un líder de la pandilla Wharf Jeremie, quien buscaba vengar la muerte de su hijo tras rituales vudú. La ONU calificó este evento como una de las peores masacres en la historia reciente de la capital.
Además, las festividades de Nochebuena también se tiñeron de sangre cuando dos periodistas y un oficial de policía fueron asesinados durante la reapertura del principal hospital público del país, previamente cerrado debido al control de las pandillas.
La crisis se agrava por la impunidad generalizada. En 2024, se documentaron 315 linchamientos de presuntos pandilleros, muchos de ellos facilitados por agentes policiales, y 281 ejecuciones sumarias atribuidas a unidades especializadas de la policía haitiana. Türk destacó que “la impunidad para las violaciones y abusos de derechos humanos, así como la corrupción, siguen siendo prevalentes en Haití”.
La inseguridad ha forzado a más de 700.000 personas a abandonar sus hogares y buscar refugio en asentamientos improvisados, caracterizados por condiciones sanitarias insostenibles.
Respuesta internacional limitada y controversias por las deportaciones
En un esfuerzo por mitigar la violencia, una misión internacional liderada por Kenia comenzó operaciones en junio de 2024 con el apoyo de la ONU. Sin embargo, el despliegue fue limitado: apenas 400 oficiales kenianos y 150 policías militares de Guatemala, Jamaica, Bahamas y otros países se incorporaron, una cifra muy por debajo de los 2.500 efectivos esperados.
Aunque se anunciaron más compromisos de países como Barbados, Bangladesh y Chad, no está claro cuándo se concretarán estos despliegues. La falta de recursos logísticos y financieros amenaza con obstaculizar la efectividad de esta misión.
La violencia también impactó la infraestructura del país, incluida su principal vía de conexión internacional. Sunrise Airways, la última aerolínea comercial operativa en Puerto Príncipe, suspendió sus vuelos en enero, dejando al aeropuerto sin conexiones regulares por tercera vez en un año. En noviembre, bandas armadas abrieron fuego contra aviones en pleno vuelo, dañando tres aeronaves e hiriendo a una azafata de Spirit Airlines.
Ante este panorama, la ONU pidió a los países que detengan las deportaciones de haitianos, señalando que la situación actual “no permite un retorno seguro, digno ni sostenible”. Sin embargo, las deportaciones continúan. Bajo la administración del presidente estadounidense Joe Biden, más de 27.800 haitianos fueron deportados en 2024. Por su parte, la República Dominicana repatrió a más de 250.000 personas en el mismo periodo como parte de una política estricta contra la migración.
Volker Türk advirtió que la inseguridad y la crisis de derechos humanos en Haití demandan “una respuesta internacional coherente y prioritaria”. Mientras tanto, Haití sigue sumido en el caos, con sus ciudadanos atrapados en un ciclo de violencia e inestabilidad que parece no tener fin.
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