Las autoridades de Irán han ejecutado a diez personas condenadas por cargos de asesinato y tráfico de drogas, según ha denunciado la organización no gubernamental Hengaw, que ha afirmado que los ajusticiamientos tuvieron lugar el miércoles en las prisiones de Ghezel Hesar y Miandoab.
Así, ha afirmado a través de un comunicado que cuatro fueron ejecutados en Ghezel Hesar tras su condena por asesinato, mientras que otros cuatro fueron ajusticiados en estas mismas instalaciones por cargos de drogas.
Por otra parte, otras dos personas, supuestamente de nacionalidad turca, fueron ejecutadas en la prisión central de Mindoab tras ser sentenciados por un tribunal local por cargos de asesinato, sin que las autoridades se hayan pronunciado al respecto.
La organización Amnistía Internacional afirmó en abril que las autoridades de Irán ejecutaron en 2023 a 853 personas, un máximo en los últimos ocho años. Un total de 481 de estas personas habían sido condenadas por delitos de drogas.
En noviembre, el régimen de Irán ejecutó a al menos once personas en un sólo día distintas ciudades, incluyendo Yasuj, Tabriz, Zahedan y Rasht. Entre las víctimas figura una mujer, en una jornada que demostró el uso extendido que se tiene de la pena de muerte en Irán y la cual ha generado profundas preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos.
Las condenas dictadas responden a delitos relacionados con drogas y homicidios, y forman parte de una campaña cada vez más agresiva por parte de las autoridades iraníes en su intento de disuadir el crimen y consolidar el control interno.
Las ejecuciones en Irán han aumentado un 75% en los dos años transcurridos desde la muerte de la joven Mahsa Amini, que desencadenó las protestas conocidas por el lema “Mujer, Vida, Libertad”, según denunció este lunes la ONG Iran Human Rights (IHRNGO).
Al menos 1.425 personas han sido ejecutadas desde el 16 de septiembre de 2022, casi el doble que en los dos años anteriores a las protestas, cuando se registraron 815 ejecuciones, afirmó en un comunicado la organización con sede en Oslo.
La aplicación de la pena capital por delitos relacionados con las drogas aumentaron incluso un 162% en ese periodo, de 302 a 796 tras el inicio de las protestas contra el régimen.
Las ejecuciones relacionadas con cargos políticos como los de “rebelión”, “corrupción en la tierra” o “enemistad hacia dios” también se incrementaron en un 84%, de 31 a 57.
IHRNGO pidió en este contexto a la comunidad internacional que investigue el uso de la pena de muerte en Irán como parte de la represión de las protestas del movimiento "Mujer, Vida, Libertad".
“La pena de muerte es la herramienta más importante de la República Islámica a la hora de crear miedo en la sociedad con el objetivo de suprimir las protestas e impedir nuevas protestas”, declaró el director de la organización, Mahmood Amiry-Moghaddam.
La muerte de Amini tras ser detenida por la Policía de la moral por no llevar bien puesto el velo islámico provocó una oleada de protestas sin precedentes contra la República Islámica, protagonizadas por jóvenes y mujeres.
Según IHRNGO, que afirma contar con una nutrida red de fuentes en Irán, al menos 551 manifestantes, entre ellos 68 menores de edad y 49 mujeres, murieron a manos de la policía durante las protestas.
(Con información de EP y EFE)
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