La oposición de Corea del Sur acusó este lunes al partido gobernante de orquestar un “segundo golpe” de Estado al aferrarse al poder y negarse a un juicio político contra el presidente Yoon Suk-yeol por declarar la ley marcial.
“No importa cómo traten de justificarlo, la esencia permanece intacta: esto es el acto ilegal e inconstitucional de una segunda insurrección y un segundo golpe de Estado”, dijo el líder del partido democrático Park Chan-dae, al pedir al partido de gobierno “detener esto de inmediato”.
Yoon hundió al país en el caos político con su intento de socavar el mando civil mediante una ley marcial que estuvo vigente seis horas, hasta que los legisladores lograron traspasar el bloqueo militar para ingresar al parlamento y votar para derogar la medida.
Su votación obligó a a Yoon a dar marcha atrás con la ley marcial.
Bajo la constitución surcoreana, el presidente es jefe de gobierno y comandante en jefe del ejército, a menos que sea incapacitado o renuncie, en cuyo caso el poder se entregaría de manera interina al primer ministro hasta que se celebren nuevas elecciones.
Según Park, pretender que Yoon puede permanecer en el cargo pero delegar sus poderes al primer ministro, quien no fue electo, es una “flagrante violación constitucional sin ningún sustento legal”.
Investigadores detuvieron al ex ministro de Defensa, allanaron su despacho, impusieron prohibiciones de viaje a varios altos cargos y el lunes convocaron al general que asumió el comando de la ley marcial para ser interrogado.
Yoon también podría ser llamado a declarar, dijo este lunes la policía, y adelantó que está considerando prohibirle viajar al exterior.
“No hay restricciones humanas o físicas a quién se puede investigar”, aseguró Woo Jong-soo, jefe del Cuartel Nacional de Investigación de la Agencia Nacional de Policía.
Afirmó que la policía investigará “de acuerdo con la ley y los principios, sin excepciones”.
Control del Ejército
Entretanto, el Ministerio de Defensa Nacional aseguró este lunes que el control de las Fuerzas Armadas en Corea del Sur aún corresponde legalmente al presidente, Yoon Suk-yeol.
“Legalmente, (el control del Ejército) actualmente recae en el comandante en jefe (que en Corea del Sur es el presidente)”, dijo en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional, Jeon Ha-kyou, al ser preguntado sobre si un sospechoso en un caso de alta traición puede ostentar semejantes poderes.
La Fiscalía y la Policía han comenzado a investigar a Yoon como sospechoso de cometer, junto a otros funcionarios de su Gobierno y del Ejército, traición y abuso de poder tras declarar por sorpresa el mandatario la ley marcial el pasado martes con motivaciones aparentemente políticas.
Los investigadores se pronunciaron horas después de que el sábado la formación gobernante, el conservador Partido del Poder Popular (PPP) de Yoon, boicoteara la votación para tratar de destituir al mandatario.
El mismo domingo el PPP indicó que tiene intención de lograr que Yoon deje sus funciones como presidente “de forma temprana y ordenada”, y que mientras “dejará de asumir sus funciones en asuntos estatales, incluyendo la diplomacia” en favor del primer ministro Han Duck-soo.
Sin embargo, lo dicho por el Ministerio de Defensa Nacional, pone en duda el marco propuesto para la dimisión del mandatario por el partido gobernante, que aparentemente, y para enfado de la oposición, busca con esta fórmula minimizar en la medida de lo posible el daño que le ha infligido entre los votantes la ley marcial declarada por Yoon.
Horas antes de la fracasada votación parlamentaria del sábado, Yoon se disculpó por decretar la ley marcial, argumentando que lo hizo por “desesperación”, y aseguró que no volvería a declarar el estado de excepción.
A su vez, el ministro de Defensa Nacional en funciones, Kim Seon-ho, declaró el pasado viernes que no se está preparando una nueva ley marcial y que incluso si se propusiera esa medida las Fuerzas Armadas no la acatarían “de ninguna manera”.
(Con información de EFE y AFP)
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