Estados Unidos y Australia condenaron este martes las sentencias dictadas contra 45 activistas prodemocracia en Hong Kong en el mayor juicio realizado bajo la controvertida ley de seguridad nacional impuesta por el régimen de China en 2020.
Los acusados fueron encarcelados por organizar una primaria no oficial en 2020 con el objetivo de ganar una mayoría legislativa prodemocracia, un acto que las autoridades calificaron de subversión.
Un portavoz del consulado de Estados Unidos en Hong Kong afirmó que “condenan enérgicamente las sentencias anunciadas hoy contra 45 defensores de la democracia y exlegisladores, encarcelados por participar pacíficamente en actividades políticas normales protegidas bajo la Ley Básica de Hong Kong”.
Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, expresó su “grave preocupación” por el caso, que incluyó al ciudadano australiano Gordon Ng entre los principales condenados.
Wong reiteró el llamado de Australia para que el régimen de China detenga la represión de libertades fundamentales y derogue la ley de seguridad nacional.
Entre los condenados destacan figuras prominentes del movimiento prodemocracia, como el académico Benny Tai, quien recibió la pena más larga, de 10 años de prisión, por ser identificado como el arquitecto del plan. Otros organizadores, como Au Nok-hin, Andrew Chiu y Ben Chung, recibieron sentencias de hasta siete años y tres meses.
De los 47 acusados iniciales, arrestados en enero de 2021, dos fueron absueltos en mayo de este año.
Según Maya Wang, directora asociada para China de Human Rights Watch, las sentencias reflejan “cuán rápido han caído en picada las libertades civiles y la independencia judicial de Hong Kong en los últimos cuatro años”.
Wang subrayó que el juicio y las condenas forman parte de un esfuerzo sistemático de Beijing para eliminar cualquier forma de disidencia política en la región.
Entretanto, la directora ejecutiva del Consejo para la Democracia de Hong Kong, Anna Kwok, calificó las sentencias como “un ataque a la esencia de Hong Kong: una ciudad que anhela la libertad, la democracia y el derecho a la expresión política”.
Mientras tanto, el régimen chino y las autoridades locales justificaron las medidas alegando que la ley de seguridad nacional ha restaurado el orden tras las protestas masivas de 2019.
El impacto de la ley de seguridad nacional
La ley de seguridad nacional, implementada por Beijing en respuesta a las protestas masivas de 2019, otorga penas que varían según la gravedad del delito. En este caso, los jueces consideraron que el plan de la primaria amenazaba la estabilidad gubernamental, justificando sentencias más altas para quienes desempeñaron roles clave.
Aunque las autoridades han defendido la ley como esencial para restaurar el orden, los críticos, incluyendo gobiernos occidentales y organizaciones de derechos humanos, señalan que esta ha sido utilizada para reprimir la disidencia, coartar la libertad de expresión y destruir el sistema político prometido para Hong Kong bajo el principio de “un país, dos sistemas”.
La postergación de las elecciones legislativas de 2020, justificadas oficialmente por riesgos relacionados con la pandemia de COVID-19, marcó un punto de inflexión en la represión contra el movimiento prodemocracia.
Desde entonces, la libertad política de Hong Kong ha enfrentado una erosión constante, destacando el distanciamiento de las promesas de autonomía realizadas por Beijing al Reino Unido en 1997.
El caso más grande hasta ahora bajo esta ley resalta cómo el gobierno ha desmantelado sistemáticamente el movimiento prodemocracia, reprimiendo incluso intentos de presión pacífica como la primaria de 2020.
(Con información de AFP y The Associated Press)
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