Los problemas del sector inmobiliario chino quedaron al descubierto el lunes, cuando un tribunal de Hong Kong ordenó al gigante China Evergrande disolver sus operaciones y liquidar la empresa, que arrastra una deuda de más de 300.000 millones de dólares.
Evergrande es la última inmobiliaria china a desmoronarse bajo el peso de deudas masivas, a medida que las ventas de viviendas nuevas siguen cayendo.
Es que la contracción del sector, que ya es la más larga registrada, no sólo se prolonga, sino que se acelera. Un duro golpe para China, ya que el inmobiliario representa aproximadamente una cuarta parte de la economía china.
En 2023, las ventas de viviendas en China cayeron un 6,5%. Sólo en diciembre, las ventas bajaron un 17,1% respecto al año anterior, según datos de Dongxing Securities, un banco de inversión chino, citados por el New York Times. La inversión en nuevos proyectos también se ralentizó. La promoción inmobiliaria cayó un 9,6% el año pasado.
“El mercado aún no ha tocado fondo”, dijo al New York Times Alicia García-Herrero, economista jefe para la región Asia-Pacífico de Natixis. “Todavía queda mucho camino por recorrer”.
La crisis comenzó después que Beijing implementara una serie de normas destinadas a frenar el excesivo endeudamiento de los promotores. Desde 2021, más de 50 empresas inmobiliarias chinas han incumplido el pago de su deuda, incluidas las dos firmas que una vez dominaron el mercado inmobiliario del país: Evergrande y Country Garden.
Esto causó una brusca pérdida de fe en el sector, principal reserva de riqueza de muchas familias chinas, y se se volvió un problema cada vez mayor para los responsables políticos chinos, que están haciendo todo lo posible por reactivar las construcciones y las ventas, con muy pocos resultados.
De hecho, el régimen de Xi Jinping ha dado marcha atrás en muchas de las restricciones implementadas en 2020. Ahora, los reguladores financieros están instando a los bancos a prestar más a los promotores inmobiliarios.
La semana pasada, Xiao Yuanqi, subdirector de la Administración Nacional de Regulación Financiera de China, declaró que las instituciones financieras del país tenían “la responsabilidad ineludible de prestar un fuerte apoyo” al sector inmobiliario.
El funcionario ordenó a los bancos no cortar inmediatamente los préstamos a los proyectos con problemas, sino encontrar la manera de apoyarlos ampliando el plazo de devolución de los préstamos o aportando fondos adicionales. La semana pasada, el banco central y el regulador financiero de China dijeron que permitirían a algunos promotores utilizar los préstamos bancarios para propiedades comerciales para reembolsar otros préstamos o bonos.
Pero ni siquiera la relajación de las normas ayudó a levantar el mercado. Los préstamos hipotecarios pendientes en China cayeron un 1,6 por ciento el año pasado respecto a 2022, un año en el que las empresas y los residentes de muchas ciudades seguían lidiando con los confinamientos por la pandemia. Según la revista económica china Caixin, se trata del primer descenso en casi dos décadas. Las hipotecas habían crecido más de un 10 por ciento anual hasta 2021.
Otro motivo motivo persistente de preocupación para algunos compradores potenciales de viviendas sigue siendo la gran cantidad de pisos sin terminar y prevendidos. Aunque el gobierno ha presionado a las empresas para que terminen la construcción de los apartamentos prevendidos, todavía hay muchos proyectos que no están terminados.
En una nota de investigación de este mes citada por el NYT, Larry Hu, economista jefe para China de Macquarie Group, dijo que el desplome inmobiliario era “autocumplido”, porque los problemas de endeudamiento de los promotores inmobiliarios mantenían alejados a los compradores y presionaban las ventas de viviendas, mientras que la escasez de nuevos negocios no hacía sino agravar los problemas financieros de esas empresas.
El experto dijo que las autoridades chinas podrían rescatar a los promotores inmobiliarios, de forma similar a cómo el gobierno de EE.UU. intervino durante la crisis financiera mundial con el Programa de Alivio de Activos en Problemas, o TARP.
“Lo que habrá que ver en 2024 es si el gobierno central intervendrá y asumirá la principal responsabilidad para detener el contagio”, escribió Hu.
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