La ONU alertó este martes que, pasado el ecuador del año, solo ha recibido el 20 % de los fondos que ha solicitado para financiar sus operaciones de ayuda humanitaria durante 2023.
En total, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) había pedido para este año 54.800 millones de dólares con el fin de asistir a más de 362 millones de personas en distintas crisis en el mundo.
A mediados de junio, los donantes habían facilitado únicamente 10.700 millones de dólares, según un informe dado a conocer ayer.
Esa cantidad representa aproximadamente un 20 % del total, una proporción parecida a la que había obtenido en estas fechas durante los últimos dos años, pero en esta ocasión las necesidades son mucho mayores, con una de cada 22 personas en el mundo necesitada este año de asistencia humanitaria, recuerda la ONU.
Además, la organización llama la atención sobre la importante falta de fondos en algunas crisis concretas, por ejemplo Birmania, Burkina Faso, la República Democrática del Congo, Venezuela, Somalia y Afganistán.
“Estos agujeros financieros tienen consecuencias reales para millones de personas y animamos a los donantes a seguir contribuyendo con generosidad a los planes de respuesta humanitaria”, dijo el portavoz Farhan Haq.
La exigencia de la ONU al régimen de Nicolás Maduro
El mes pasado, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) le exigió al régimen de Nicolás Maduro combatir la trata de personas y la violencia de género en Venezuela.
Tras examinar al Estado durante su último periodo de sesiones, el órgano de Naciones Unidas publicó sus conclusiones sobre el país caribeño; y manifestó su “preocupación por la falta de una ley específica y exhaustiva sobre la trata de personas y por el retraso en la publicación del Plan Nacional contra la Trata de Personas”.
Además, recomendó combatir el reclutamiento forzoso, y la trata de mujeres y niñas por grupos armados irregulares, en particular en el contexto del arco minero del Orinoco, y a lo largo de las fronteras con Brasil y Colombia, e investigar todas las denuncias de formas contemporáneas de esclavitud.
En este sentido, pidió a Venezuela que “elabore un protocolo para la pronta identificación y remisión de las mujeres y niñas víctimas de trata a los servicios apropiados, especialmente en las zonas fronterizas”.
También solicitó a las autoridades que asignen “fondos suficientes para garantizar servicios de apoyo adecuados a las víctimas de trata, incluidos refugios, asesoramiento psicosocial, programas de reintegración y acceso efectivo a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado para quienes pudieran necesitar protección internacional”.
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