Un comité de la ONU manifestó el lunes su preocupación por el trato que China dispensa a la minoría musulmana, incluido el uso de trabajos forzados de los uigures, en un amplio informe que aumenta la presión sobre Pekín por los derechos humanos.
Las conclusiones del grupo de expertos independientes designados por la ONU siguen a una serie de audiencias celebradas en Ginebra el mes pasado, en las que grupos de defensa de los derechos plantearon una serie de temas, entre ellos las políticas por el COVID-19 de Pekín, el trato a los defensores de los derechos humanos y su minoría musulmana.
El año pasado, un informe del jefe de derechos humanos de la ONU afirmó que el trato que China da a los uigures, una minoría étnica mayoritariamente musulmana de unos 10 millones de personas en Xinjiang, en el extremo occidental del país, puede constituir crímenes frente la humanidad. China niega enérgicamente las acusaciones.
El Comité de la ONU, compuesto por 18 personas y encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, expresó su preocupación por los “numerosos indicios de medidas coercitivas, incluidos los trabajos forzados”, frente las minorías étnicas, entre ellas los uigures.
La ONU pidió a Pekín que apruebe inmediatamente legislación que prohiba las medidas coercitivas, desmantele todos los sistemas de trabajo forzoso y libere a todas las personas sometidas a él.
China presentó una respuesta de 11 páginas al informe en la que afirmaba que estudiaría detenidamente las recomendaciones y que estaba dispuesta a aplicar cualquiera “que se adapte a las realidades nacionales de China”. Sin embargo, rechazó las recomendaciones sobre Xinjiang, entre otras, calificándolas de “falsas”.
La comisión también pidió que se pusiera fin a las represalias y persecuciones “sistemáticas” frente los defensores de los derechos humanos y los abogados que trabajan en este ámbito.
Del mismo modo, expresó su preocupación por los crecientes problemas de salud mental tras los largos confinamientos en el país por la estricta política de “cero COVID”, que finalizó a finales del año pasado, y pidió más fondos para este ámbito.
En relación a las minorías, el órgano de la ONU también pidió a China que tome las medidas que sean necesarias para impedir que pastores nómadas, incluidos los de origen tibetano, sigan siendo reubicados y abandonen sus tierras ancestrales.
De igual modo se pide que no se obligue a otros residentes rurales a participar en programas para que cambien de vivienda y se trasladen a otras zonas en el campo.
Por otra parte, el Comité insta al Gobierno chino a reforzar su lucha contra la corrupción y facilitar los canales para que testigos, activistas u otras personas puedan realizar denuncias en este sentido.
El Comité, que evaluó la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en China y otros países en su última sesión en Ginebra, emitió hoy sus conclusiones y recomendaciones, entre las cuales figura -en el caso de China- el llamamiento a prohibir medidas de fuerza como el trabajo forzado.
En esta línea, recomienda desmantelar todas las instalaciones que puedan servir para este fin, tengan carácter público o privado, incluso las que puedan existir a nivel local, y liberar a todas las personas que se puedan encontrar allí.
(Con información de Reuters y EFE)
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