Un rapero iraní podría ser condenado con la pena de muerte por su participación en las manifestaciones contra el régimen

El régimen iraní continúa con su política de intransigencia frente a los manifestantes que participan de las protestas. Este sábado se conoció que el rapero Toomaj Salehi, detenido a finales de octubre, podría ser condenado a muerte.

El juicio comenzó hoy y se realizó “a puertas cerradas” sin posibilidad de una legítima defensa, según denunció su familia, por lo que alertaron que “está en grave peligro en este momento”.

Horas después de haberse conocido el inicio de la audiencia, los familiares utilizaron nuevamente su perfil de Twitter -con más de medio millón de seguidores- para anunciar que “según las últimas noticias, la sesión judicial no se llevó a cabo hoy y, en cambio, se avanzó en base a rumores”.

“Todavía no hay información confiable sobre los detalles, pero el procedimiento del caso se lleva a cabo en silencio y sin información, y la familia y los abogados seleccionados están tratando de obtener información”, continuó el mensaje.

En el pasado, su círculo había denunciado también en su cuenta de Instagram que, a pesar de los pedidos, les había sido negada una visita y que el joven estaba privado de todos sus derechos.

Salehi está acusado de ser un “enemigo de Dios” y de “corrupción en la tierra”, tras demostrar su expresa oposición hacia el régimen. Todos estos delitos son punibles con la pena capital, por lo que sus familiares imaginan que su destino será el mismo de los otros seis manifestantes que fueron sentenciados a muerte.

También, poco antes de su arresto, el rapero había dado una entrevista a la cadena de noticias canadience CBC en la que fue muy crítico con las autoridades. “Se trata de una mafia dispuesta a matar a toda la nación (...) para conservar su poder, su dinero y sus armas”, había apuntado entonces.

Semanas atrás, el 2 de noviembre, la agencia de noticias estatal Irna publicó un video en el que se veía a Salehi con una venda que cubría sus ojos y se podía oír como aseguraba haber “cometido un error”.

Sin embargo, organismos de derechos humanos que siguen de cerca los hechos en el país denunciaron que se trató de “confesiones forzadas”.

Las autoridades iraníes han demostrado estar dispuestos a llevar a cabo cualquier medida que sea necesaria para restaurar el orden en el país, donde desde el 16 de septiembre una oleada de manifestaciones han inundado las calles y universidades en señal de protesta por la muerte de la joven kurda Mahsa Amini.

El régimen ha apuntado en reiteradas ocasiones contra Occidente, a quien considera artífice de estos “disturbios”.

Hasta el momento, la organización que vela por los derechos humanos Iran Human Rights (IHR) ya ha reportado 416 muertes en las violentas represiones llevadas a cabo por la Guardia Revolucionaria desde el inicio de los enfrentamientos. A su vez, ya son más de 15.000 los detenidos, según el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Irán.

En las últimas semanas se conocieron las primeras sentencias contra los “alborotadores del orden”, entre las cuales ya se dictaron seis penas de muerte. Ninguna ha sido llevada a cabo aún y los acusados tienen la posibilidad de apelar. Sin embargo, Amnistía Internacional advierte que esta cifra posiblemente sea mayor ya que hay al menos 21 personas detenidas que están siendo juzgadas por delitos punibles con esta pena.

Por su parte, este jueves el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una misión independiente que investigará las posibles violaciones a las libertades fundamentales cometidas por el régimen. Sin embargo, las autoridades afirmaron este viernes que no reconocen la resolución, la cual consideran “innecesaria y una violeación de la soberanía nacional”.

(Con información de AFP)

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