La policía británica recordó a sus agentes que el público tiene derecho a protestar contra la monarquía, tras un video que muestra a las fuerzas del orden llevándose a una manifestante y otros episodios similares tras la muerte de Isabel II.
“El público tiene absolutamente el derecho a protestar”, dijo el subcomisario de la Policía Metropolitana Stuart Cundy en un comunicado.
“Lo hemos dejado claro a todos los agentes que participan en la operación policial extraordinaria que se está llevando a cabo y seguiremos haciéndolo”, agregó.
Cundy añadió que la “abrumadora mayoría de las interacciones” entre los agentes y la gente habían sido “positivas”, mientras las multitudes acuden al centro de Londres y a otros lugares para presentar sus respetos tras la muerte de la reina Isabel II.
El fallecimiento de la monarca de 96 años, muy popular, dio pie a una ola de emoción de inusual unanimidad, con homenajes incluso de los republicanos norirlandeses o los independentistas escoceses, pero también hubo voces disonantes.
La aclaración del mando policial se produjo después de que se hicieran virales las imágenes de una manifestante que sostenía una pancarta de protesta con el lema “No es mi rey”, a la que se acercaron al menos cuatro agentes a las puertas del Parlamento británico en Londres.
Se vio cómo la escoltaban fuera del lugar, y al parecer la obligaron a situarse en otro lugar alejado de las puertas del Parlamento. Un testigo declaró a los medios de comunicación británicos que no fue detenida y que se le permitió continuar con su protesta.
Anteriormente, la mujer y un hombre contrarios a la realeza fueron abucheados por la multitud frente al Parlamento, mientras el rey Carlos III pronunciaba su primer discurso ante los legisladores. La pareja sostenía carteles que decían “Fin del feudalismo”, “Abolición de la monarquía” y “No es mi rey”, mientras el nuevo monarca se dirigía a los legisladores.
Mientras tanto, se ha informado de que otra mujer que sostenía un cartel de “abolición de la monarquía” en una ceremonia de proclamación del rey Carlos III en Edimburgo el domingo fue acusada de un delito penal.
El grupo de derechos civiles Big Brother Watch criticó la gestión policial de las protestas. “Si se detiene a personas simplemente por llevar pancartas de protesta, es una afrenta a la democracia y es muy probable que sea ilegal”, dijo.
“Los agentes de policía tienen el deber de proteger el derecho de la gente a protestar tanto como el de facilitar el derecho de la gente a expresar su apoyo, su dolor o a presentar sus respetos”, indicó el comunicado.
(Con información de AFP)
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
Tras un día de negociaciones, la UE acordó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania sin usar los activos rusos congelados
“Nos comprometimos y cumplimos”, afirmó el secretario general del bloque, Antonio Costa, en un comunicado publicado en X. Los líderes europeos resolvieron estructurar el apoyo mediante un préstamo respaldado por el presupuesto común del bloque
El mayor pacto energético de Israel con Egipto genera controversia regional
La venta de 130.000 millones de metros cúbicos de gas israelí a Egipto, anunciada como histórica, desata críticas ante la compleja relación entre ambos países y el contexto de la guerra en Gaza
El hallazgo de una nave ceremonial bajo el puerto de Alejandría reescribe la historia sagrada del siglo I
Especialistas internacionales identificaron la embarcación cerca del antiguo santuario de Isis, exhumando nuevos datos sobre las celebraciones fluviales, el poder religioso y las alianzas aristocráticas en tiempos del dominio romano
Protestas masivas y violencia en Bangladesh tras la muerte del líder juvenil prodemocracia Sharif Osman Hadi
El gobierno interino decretó una media jornada de luto, y la policía ofrece cinco millones de taka, la moneda oficial del país, por datos que permitan identificar a los responsables del asesinato
Corea del Norte, el Estado que aprendió a robar criptomonedas sin dejar rastro
La secuencia de ataques a grandes exchanges revela cómo Pyongyang convirtió los hackeos digitales en un sistema estable de financiamiento, apoyado en ingeniería social y redes internacionales de lavado que desbordan los controles tradicionales
