Hans Grundberg, el enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para Yemen ha alertado este martes de que la escalada de violencia que se está produciendo en el país es la “peor en años”, mientras que la situación humanitaria sigue deteriorándose, con los civiles cada vez más en la mira, por otro lado.
Los ataques aéreos en Saná han provocado la pérdida de vidas civiles y daños a la infraestructura de no combatientes y en las zonas residenciales, mientras que una ofensiva continúa en Marib, donde al menos 35.000 personas se han visto obligadas a huir desde septiembre, y “los incesantes ataques con misiles contra la gobernación están causando víctimas civiles, daños a bienes civiles y desplazamientos masivos”.
Esta escalada de la violencia, ha alertado el enviado especial, socava las perspectivas de un acuerdo político sostenible. Por otro lado, Grundberg ha mostrado su preocupación por los ataques “sostenidos” contra Arabia Saudí, que han provocado víctimas civiles y destruido infraestructura, y ha alertado de que “cualquier ataque contra civiles y bienes de carácter civil, así como los ataques indiscriminados por parte de cualquier actor, es una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario y debe cesar de inmediato”.
Toda esta situación está provocando que 2021 termine “con una nota trágica para los yemeníes, millones de los cuales están luchando contra la pobreza, el hambre y las severas restricciones a su libertad de movimiento”.
Por último, Grundberg ha reiterado el llamamiento de Naciones Unidas para abrir el aeropuerto de Saná y eliminar los obstáculos que dificultan la capacidad de los yemeníes para moverse por el país y ha mostrado su disposición para trabajar con las partes para “encontrar soluciones inmediatas, abordar las necesidades humanitarias urgentes y permitir un proceso político”.
También este martes, la directora general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Audrey Azoulay y Michelle Bachelet, respectivamente, han mostrado su “profunda preocupación” por el bienestar de dos miembros del personal que fueron detenidos en Saná a principios del mes pasado.
En este contexto, han confirmado que no ha sido posible comunicarse con ellos desde que fueron secuestrados, mientras que tampoco han recibido ninguna información sobre los motivos o la base legal de su detención.
Azoulay y Bachelet han pedido, de nuevo, la liberación inmediata de los trabajadores en un comunicado, donde han recordado que gozan de privilegios e inmunidades en virtud del derecho internacional.
(Con información de Europa Press)
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