Los diputados de la Asamblea Nacional de Francia han aprobado el viernes una nueva Ley cuyo objetivo es combatir el islamismo radical y así lograr “fortalecer los principios republicanos”.
Esta nueva norma, que ha visto la luz tras varios meses de deliberaciones, quiere facilitar la disolución de asociaciones que cuestionan los valores franceses, luchar contra los matrimonios forzados y castigar los discursos de odio en las redes sociales e Internet.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su Gobierno buscan así contrarrestar la influencia del islamismo radical en la sociedad, especialmente entre los ciudadanos más jóvenes.
Macron ya anunció la nueva Ley en octubre, cuando prometió tomar medidas drásticas contra el separatismo islamista después de que una serie de ataques se cobraran la vida de más de 250 personas.
“Nos estamos dando los medios para luchar contra quienes abusan de la religión para cuestionar los valores de la República”, señaló el ministro del Interior, Gerald Darmanin.
“Es una ofensiva secular extremadamente fuerte”, dijo Darmanin, a la radio RTL en febrero pasado. “Es un texto duro... pero necesario para la república”, añadió.
Si bien el primer ministro galo, Jean Castex, ha subrayado en sucesivas ocasiones que la Ley no estaba dirigida contra la religión, a la par que los más críticos señalan que hay elementos en ella que ponen en desventaja al sector musulmán de la población francesa.
“Nunca equipararemos el islamismo radical con los musulmanes, y creo que los musulmanes están entre las primeras víctimas de esta ideología”, declaró Castex en una entrevista con el periódico Le Monde a finales del año pasado.
Sin embargo, dentro del espectro ideológico más conservador se considera que esta nueva legislación es “insuficiente” para hacer frente al avance del islamismo en la sociedad de Francia.
Según un informe del diario Le Figaro, tanto las formaciones políticas de izquierda como las de derecha tienen en mente presentar un recurso ante el Consejo Constitucional.
Entre los más de 70 artículos, la ley amplía la capacidad del Estado para cerrar lugares de culto y escuelas religiosas, así como para prohibir a los predicadores extremistas.
En medio de las preocupaciones sobre la financiación de mezquitas por parte de Turquía, Qatar o Arabia Saudita, el proyecto requiere que los grupos religiosos declaren grandes donaciones extranjeras y certifiquen sus cuentas.
La iniciativa forma parte de los debate de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, y representa una respuesta a las décadas de divisiones y tensiones sobre la integración de la gran población musulmana en Francia y la amenaza de los islamistas que causan nuevas tensiones.
Con la campaña de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias en marcha, el partido de derecha Republicanos y el de ultraderecha Agrupación Nacional han dicho que el proyecto de ley no va lo suficientemente lejos.
Macron y Darmanin, en particular, han sido acusados de complacer a los votantes de extrema derecha al exagerar el peligro de los grupos islamistas en las comunidades de inmigrantes en los suburbios, que a menudo son fuertemente marginadas.
En su defensa, el gobierno responde que la amenaza es real, apuntando a repetidos ataques terroristas y lo que Macron llamó el desarrollo de una “contra-sociedad” que rechaza el secularismo, la igualdad y otros valores y leyes franceses.
(Con información de Europa Press)
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