El Parlamento Europeo colgará la bandera arcoíris en apoyo al colectivo LGTBIQ tanto en su sede de Bruselas como en las oficinas de la institución en los Estados miembros de la UE en plena polémica abierta por la ley de Hungría y la decisión de la UEFA de no permitir que esta noche se ilumine el estadio de Múnich con los mismos colores en el partido que enfrenta a Alemania y a la selección húngara.
La decisión fue tomada por el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, tras atender la petición de la eurodiputada alemana de Los Verdes Terry Reintke en el inicio de la sesión plenaria que tuvo lugar este miércoles.
“La bandera arcoíris no es una provocación política, es una señal de respeto de los derechos fundamentales, la diversidad y la dignidad humana y debemos enseñarla también en este parlamento”, defendió la ecologista. Sassoli tomó la palabra para anunciar que aceptaba la propuesta.
También en el inicio de la sesión plenaria, el presidente de la Eurocámara anunció que envió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que urge a Bruselas a “cumplir sus obligaciones” para garantizar el respeto del Estado de Derecho en todos los Estados miembros.
En línea con la resolución aprobada recientemente por los eurodiputados, el Parlamento Europeo exige al Ejecutivo comunitario que inicie el procedimiento para congelar el desembolso de fondos comunitarios a Polonia y Hungría por diversas violaciones de los principios democráticos europeos. De lo contrario, el Hemiciclo elevará la cuestión a la Justicia europea.
“Estamos convencidos de que se han producido violaciones flagrantes de los principios del Estado de Derecho por parte de algunos Estados miembros, que deben ser sancionadas. Si no hay reacción de la Comisión en el plazo previsto en los Tratados, emprenderemos acciones en el Tribunal de Justicia” de la UE, advirtió el italiano.
La Eurocámara pide en particular que se active por primera vez el mecanismo que condiciona al pago de fondos europeos al respeto del Estado de Derecho, acordado en el marco del presupuesto de la UE para el periodo 2021-2027.
Tanto Varsovia como Budapest recurrieron esta herramienta ante el Tribunal de Justicia de la UE por entender que no es compatible con los Tratados y Bruselas argumentó en diversas ocasiones que prefiere esperar a conocer el veredicto de los jueces antes de tomar ninguna decisión al respecto.
(Con información de EP)
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