La relatora especial de la ONU Mary Lawlor instó este jueves al Gobierno de Nicaragua a poner fin a los crecientes ataques y detenciones arbitrarios contra los defensores de derechos humanos.
Una nueva oleada de detenciones y ataques por parte de las fuerzas de seguridad nicaragüenses se produjo en el marco del tercer aniversario de las manifestaciones contra las reformas al sistema de seguridad social, la falta de respuesta estatal al incendio en la Reserva Natural Indio Maíz y contra la violenta represión de manifestantes.
“Nicaragua no debe criminalizar prácticas legítimas como la participación en protestas pacíficas, especialmente si las personas defensoras se enfrentan a una detención prolongada”, dijo Lawlor, según un comunicado de prensa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH). “El Estado debe abstenerse de iniciar procesos penales basados en acusaciones genéricas o desproporcionadas”, agregó.
La relatora intervino tras la detención de Celia Cruz y John Christopher Cerna Zúñiga, quienes habrían sufrido maltratos en prisión.
Celia Cruz, mujer trans y defensora de derechos humanos, fue detenida el 21 de abril de 2020 tras una serie de incidentes con las fuerzas de seguridad durante el aniversario de protestas en Ometepe. A pesar de su identidad de género, fue recluida en una prisión exclusivamente para hombres, lo que la expuso a agresiones sexuales y violencia verbal. Fue liberada el 25 de abril de 2021.
John Christopher Cerna Zúñiga, líder estudiantil y defensor de derechos humanos, fue detenido el 20 de febrero de 2020 y sentenciado a 12 años de prisión por el delito de “tráfico de estupefacientes”. Cerna Zuñiga afirma que su arresto podría estar relacionado con su trabajo como defensor de derechos humanos.
De acuerdo con la información recibida, ambos habrían sufrido malos tratos, agresiones físicas, verbales y sexuales y falta de acceso a medicamentos y servicios médicos básicos en prisión. Además, las personas que protestan contra el gobierno habrían sido recluidas en celdas de máxima seguridad con mayor vigilancia, registros y aislamiento.
Lawlor enfatizó que Nicaragua debe redoblar sus esfuerzos para garantizar el derecho a la reunión pacífica y la defensa de derechos, especialmente en el marco de las elecciones generales previstas para noviembre de este año.
“La labor de las personas defensoras es más esencial que nunca. Su papel en la protección de los derechos humanos y la asistencia a las poblaciones vulnerables debe ser protegido, no socavado”, señaló.
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