Una mujer que falleció de un ataque al corazón antes de ser ejecutada por un asesinato cometido en Irán fue ahorcada muerta para que la madre de la víctima pudiera ejercer su derecho a patear la silla, estipulado en la ley que rige bajo el régimen teocrático persa.
Zahra Ismaili fue declarada culpable de matar a su marido, un funcionario de inteligencia iraní, que presuntamente había abusado de ella y de su hija.
Su abogado, Omid Moradi, explicó que la mujer murió de un infarto mientras veía cómo 16 hombres sentenciados a la horca eran ejecutados.
Ismaili se desmayó y sufrió un ataque al corazón letal, pero la subieron al andamio y la colgaron de una soga de todos modos. El motivo: que la madre del ex marido (y presunto violador) asesinado pudiera patear una silla de debajo de sus piernas, lo que hubiera iniciado el ahorcamiento y la consecuente muerte si esta no se hubiera producido unos minutos antes.
El permiso fue otorgado bajo la ley sharia de qisas (“ojo por ojo”), una doctrina que otorga a la víctima o a familiares de la misma el derecho a la justicia retributiva.
Ismaili fue ahorcada en la prisión de Rajai Shahr, en la ciudad de Karaj, a unos 32 kilómetros al oeste de Teherán.
Irán ocupa el segundo lugar en la lista de países que mas ejercen la pena capital, detrás del régimen chino.
Sin embargo, incluso para los estándares de la República Islámica, una ejecución masiva de 17 personas en un día es poco común.
Las Naciones Unidas registraron 233 ejecuciones el año pasado, hasta principios de diciembre, incluidas tres que eran adolescentes en el momento de sus presuntos delitos.
Irán continúa con las penas de muerte contra personas por delitos no violentos, entre ellos el tráfico de drogas.
En 2014, Reyhaneh Jabbari fue ahorcada en un caso de alto perfil después de ser condenada por asesinar a un exfuncionario de inteligencia que, según ella, había intentado violarla.
El ahorcamiento de la joven de 26 años produjo una condena internacional generalizada.
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