Tras la detención de la ex dirigente birmana Aung San Suu Kyi por parte de militares que llevaron a cabo un golpe de Estado en el país, la Policía local presentó los cargos por los que se la acusa, entre los que se encuentran la importación y utilización ilegalmente de seis radios walkie-talkie encontrados en su casa.
En concreto, los cargos incluyen el incumplimiento de las leyes de importación y exportación, y la tenencia de dispositivos de comunicación considerados ilegales.
La acusación de poseer walkie talkies importados ilegalmente salió a la luz dos días después de que la arrestaran, y tiene lugar en el marco del golpe de Estado perpetrado en el país el 1 de febrero.
La presentación le permite a las fuerzas de seguridad valerse de argumentos legales para justificar su detención hasta el 15 de febrero.
Mientras que el presidente depuesto Win Myint fue acusado de violar los protocolos para detener la propagación del coronavirus durante la campaña de las elecciones del pasado noviembre. El mandatario habría ordenado el desplazamiento de más de 200 vehículos para visitar distintas zonas del país en compañía de su esposa, cuando aún estaban prohibidos los encuentros de más de 30 personas.
Este viernes, el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND ), informó que la exdirigente se encuentra en arresto domiciliario en la capital de Birmania, Naipyidó, y en buen estado de salud.
“Está en arresto domiciliario en su casa y se encuentra bien”, afirmó Kyi Toe, portavoz de la LND.
Los generales anunciaron el lunes que permanecerán en el poder durante un año y acusaron al gobierno de Suu Kyi -que es la Consejera estatal y no la jefa de Estado pero es considerada la cabeza del partido- de no investigar las denuncias de los militares de que hubo fraude en las elecciones recientes. El partido de Suu Kyi ganó esas elecciones por amplio margen, en contraste con el magro apoyo recibido por el partido respaldado por los militares.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se pronunció al respecto y pidió la liberación de la dirigente y de otras personas detenidas por los militares, al tiempo que subrayó la necesidad de defender la democracia, pero sin condenar el golpe de Estado.
Mientras que en Estados Unidos, su presidente, Joe Biden, afirmó que los militares debían dimitir, y su asesor de seguridad aseguró que la Administración estaba considerando una orden ejecutiva que podría incluir sanciones.
“No cabe duda de que en una democracia la fuerza nunca debe tratar de anular la voluntad del pueblo o intentar borrar el resultado de unas elecciones creíbles”, señaló el mandatario.
(Con información de AFP y Reuters)
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