El gobierno ruso criticó este martes los crecientes llamados de la comunidad internacional a la liberación de Alexei Navalny, principal opositor al presidente Vladimir Putin, calificando a las acciones de “interferencia” y asegurando que están “desconectadas de la realidad”.
“No hay necesidad de interferir en los asuntos internos de un estado soberano”, expresó la vocera del ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zakharova, cuyo testimonio fue recogido por agencias de noticias locales.
La conversación pública rusa -y buena parte de la internacional- está dominada por la sentencia de este martes contra Navalny, condenado a dos años y medio de prisión al hacerse efectiva una sentencia suspendida de 2014 y que fue calificada de arbitraria por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La jueza del caso, Natalya Repnikova, dictaminó que el dirigente opositor, que volvió a Rusia en enero tras recuperarse del envenenamiento con el agente químico Novichok, violó la libertad condicional al no personarse el pasado año ante la autoridad competente.
Si bien la condena es de tres años y medio, la misma se redujo por los diez meses que el opositor pasó en arresto domiciliario. La decisión generó una reacción inmediata de las principales democracias occidentales, que salieron a pedir por su liberación.
Entre ellas se destacan los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, que también vio a jefes de Estado de algunos de sus miembros -como Francia y Alemania- expresarse además por cuenta propia.
En concreto, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, calificó de “perversa” la sentencia y abogó por la excarcelación inmediata de Navalny. “demuestra que Rusia no cumple con los compromisos más básicos que se esperan de cualquier miembro responsable de la comunidad internacional”, agregó.
Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, reiteró el llamado del país norteamericano a la liberación “incondicional” del opositor, así como “a los cientos de otros ciudadanos rusos detenidos injustamente en las últimas semanas por ejercer sus derechos, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.
Describiendo al gobierno de Estados Unidos como “profundamente preocupado”, Blinken señaló que Navalny tiene derechos bajo la constitución rusa y dijo que Moscú “tiene obligaciones internacionales de respetar la igualdad ante la ley y los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.
Poco desúés, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, se sumó al repudio generalizado. “La condena de Alexei Navalny es contraria a los compromisos internacionales de Rusia en materia de Estado de derecho y libertades fundamentales”, escribió en Twitter, y agregó: “Pido su liberación inmediata”.
Después de la sentencia, Navalny dijo que “el punto principal de este juicio no es cómo resulte para” él: “meterme en la cárcel no es difícil (...) La razón principal de esto es intimidar a un gran número de personas”, dijo ante el tribunal”. Asimismo, sostuvo que Putin pasará a la historia como un “envenenador” y llamó a sus seguidores a manifestarse nuevamente contra el gobierno.
Dada la repercusión del caso y la magnitud de las protestas anteriores -que han tenido lugar tras su arresto el 17 de enero- la policía rusa desplegó un amplio operativo de seguridad el martes.
Las fuerzas de seguridad, que durante la audiencia judicial detuvo a más de 350 personas en las inmediaciones del tribunal, cerraron los accesos a la Plaza Roja, en Moscú, y reforzaron la seguridad en varios lugares de la ciudad en previsión de nuevas protestas. La cantidad de personas arrestadas durante las protestas anteriores, en tanto, ascendió a los varios miles.
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